Domingo, 25 de agosto, 2019 | 1:38 am

No diezmar la autoridad de JCE



El fervor de las aspiraciones ha desbordado el límite de la Ley de Partidos sobre el tema del proselitismo.
Las normas sobre el tiempo para la promoción de las candidaturas por parte de los partidos, en cumplimiento a los reglamentos aprobados por la Junta Central Electoral, parecen letras muertas para algunos dirigentes y fuerzas políticas que se creen por encima de la ley.

La autoridad del Pleno de la Junta debe girar en torno al cumplimiento de la legislación.

Ya constituye un desafío la violación de la resolución mediante la cual el organismo disponía los actos en espacios cerrados y que no violentaran el orden público.

Las pasiones a favor de determinados precandidatos sobrepasan el rango constitucional con que cuentan los miembros de la Junta para imponer el acatamiento de las regulaciones electorales.

Cada semana hay movilidad de aspirantes, y todo un equipo de trabajo por las diferentes provincias cuando aun no hay una convocatoria formal para la promoción de las plataformas y propuestas de los diferentes partidos.

La autoridad de la Junta debe ser respetada y situarse por encima de las apetencias de candidaturas.

Ya el Pleno ha dispuesto suspender “todas las actividades de tipo proselitista y similares, incluyendo las que se podían realizar en el periodo previo de precampaña”.

Es penoso que los líderes conocedores del estatus legal que rige la materia tengan que ser llamados al comedimiento y al respeto de las normas por parte de la Junta, solo por el hecho de estar envueltos en rivalidades propias de la lucha interna en los partidos por cuotas en el Congreso Nacional y en la esfera municipal.

La lucha más encarnizada se observa en el asunto de la nominación presidencial.

La advertencia de la JCE viene por el hecho de que “los actos se han convertido en manifestaciones notoriamente multitudinarias y que transgreden el orden público”.

Preocupa que también los partidos y su liderazgo sean señalados por el Pleno por haber “violado la prohibición de colocación de mensajes o promociones de índole política en los medios radiales y televisivos”.

Es decir, que estas organizaciones desconocen que la actual coyuntura está regida por lo establecido en la Ley de Partidos y que su proselitismo a destiempo es un desafío a la autoridad electoral, ya que la precampaña está prevista para iniciarse el 7 de julio venidero.

Ya la JCE ha lanzado su advertencia contra “las visitas casa por casa y los encuentros y otros tipos de actividades similares, los cuales de igual forma han devenido en actividades multitudinarias” por parte de los partidos. Ahora, hay que aplicar la ley contra quienes la violen.

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