Santo Domingo.-La Colectiva Mujer y Salud hizo un llamado a los legisladores a aprovechar la oportunidad de la modificación en curso al Código Penal para enmendar la penalización del aborto sin excepciones, que impone la maternidad forzada a mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud.

Esa organización de mujeres considera que la penalización del aborto es una de las disposiciones más injustas y vergonzantes de nuestro ordenamiento legal, y que en ese aspecto “nuestro país presenta décadas de atraso en relación al resto de la comunidad internacional, siendo uno de apenas 6 países que mantienen la prohibición absoluta”, expresó.

En una declaración pública esa entidad destaca que desde hace ya algunos años las encuestas de opinión vienen confirmando que la mayoría del electorado dominicano está a favor de la despenalización parcial o por causales.

La más reciente confirmación la ofrece la encuesta Barómetro de las Américas 2012, cuyos resultados indican que el 61.2% de la población dominicana está favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la mujer.

Esa opinión es compartida en términos muy similares por hombres (60.4%) y por mujeres (62.1%). El porcentaje a favor se incrementa de acuerdo al nivel educativo, oscilando entre el 49% de las personas sin ningún nivel y el 73% de las personas con educación superior.

Según dice la nota, quizás el dato más revelador de la encuesta sea el referido a la relación entre la actitud hacia la despenalización y grado de religiosidad, observándose claras mayorías a favor de la despenalización en todos los grupos, incluyendo aquellos para quienes ‘la religión es muy importante’, donde el 57.4% se declara a favor.

“Entendemos que los legisladores  y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010. Recordemos que en esa ocasión la mayoría de las y los legisladores que habían votado en contra del Art. 30 (actual 37) de la Constitución fueron reelectos a pesar del descrédito y de las amenazas lanzadas desde los púlpitos”, aseguran.

Aseguró que la actual reforma del Código Penal permite a los legisladores enmendar una disposición que el comité contra la tortura de las Naciones Unidas ha declarado como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Dijo que tienen la oportunidad de demostrar sus convicciones democráticas cumpliendo la voluntad de quienes les eligieron y de evidenciar su respeto por los derechos humanos poniendo fin a una política cruel y barbárica que obliga a mujeres y niñas a parir en contra de su voluntad, aún a expensas de su salud y hasta de sus vidas.

“En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en una teocracia legislativa que impone a toda la ciudadanía la obligación de cumplir preceptos religiosos que no solo chocan con las más elementales normas democráticas, sino que además son rechazadas por la mayoría del electorado y hasta de los mismos creyentes”.