El manejo de la cosa pública requiere transparencia en todas las circunstancias y en todo momento, pero en un periodo de transición las autoridades deben esmerarse.

En los últimos días se han tomado una serie de decisiones que por ahora no vamos a evaluar en el fondo, pero que evidencian una falta de transparencia que llama la atención.

Se han citado intentos de promociones por parte de un Consejo Superior del Ministerio Público de decenas del personal cuando esa entidad misma está a punto ser reconformada y en momento en que las nuevas autoridades hablan de promover una verdadera independencia del Ministerio Público.

La Procuraduría aclaró que no llegó a proceder a esos ascensos, pero reconoció que sí elaboró o recibió las propuestas.

En muchos dominicanos se ha abierto la esperanza de un ministerio público que actúe conforme al interés nacional, guiado por las leyes y marginado del interés de un partido en particular.

Una serie de compras y concesiones también han llamado a la atención.

Sin que se socializara, o al menos no lo suficiente, el país se entera de la medida de aplicar pruebas rápidas a todos los pasajeros que ingresen al país por los aeropuertos.

No vamos a discutir la pertinencia de la medida, que fue dejada sin efecto horas después por el caos que provocó su improvisada y precipitada implementación. Lo que nos llama la atención es que el Estado sería el ente que compraría esas pruebas rápidas en momentos en que no hay suficientes pruebas PCR para los enfermos que están dentro del territorio y sin que se conociera de la licitación de lugar.

La implementación de esa medida implica muchos millones de dólares.

Al margen de la legalidad o no del proceder, la escasez de transparencia en las decisiones tomadas “al echarse la paloma”, da pie a suspicacias y a que las autoridades entrantes se vean forzadas a revisarlas con lupa.