La labor judicial y el proceso de toma de decisiones son muy delicados. La función jurisdiccional no es la del matemático, pues la lógica no es la única herramienta que emplea el juez para desarrollar el derecho. Los daños sociales serían inconmensurables si solo eso fuera la fuerza que operara al momento de decidir.

Reducir la función de los jueces a la concepción en la que el disenso judicial es percibido como una anomalía criticable e imputable únicamente a un error de cálculo, es ver el proceso judicial de toma de decisiones como una operación puramente lógico-deductiva equiparable a la realización de una operación matemática (Wendell Holmes).

Detrás del armazón lógico y conceptual, aparentemente impecables, hay decisiones fundamentales de política jurídica basadas en juicios de valor.

Además de la certeza, predictibilidad y objetividad en el derecho, muchas veces fundados en la ilusoria confianza del jurista, producto del razonamiento lógico-deductivo propio de los cálculos matemáticos derivados de conceptos y principios abstractos, Holmes insiste en que las “proposiciones generales no deciden casos concretos”, porque toda decisión judicial “dependerá de un juicio o de una intuición mucho más sutil que cualquier premisa mayor articulada”.

Los jueces deben, pues, atender con idoneidad abstracta y particular los casos sometidos a su escrutinio, por lo que no pueden ser veletas de las brisas ciudadanas y políticas ni convertirse en hacedores de política criminal a ultranza.

La función judicial descansa en la firmeza en la actuación; y, la comunicación fácil y profunda de lo decidido.

Aunque se discute si los jueces hacen política criminal cuando deciden, lo cierto es que, para muchos, en materia penal las sentencias de condena constituyen un disuasivo general, como parte de la política de prevención y constituyen actos de gobierno judicial, con innegable incidencia en toda política criminal, por lo que los jueces no cierran sus oídos al fenómeno criminal.

Pero tampoco los jueces pueden dejar de lado el papel de aplicar el derecho o la justicia, o ambas cosas a la vez, al tiempo de tener el oído puesto en las aspiraciones ciudadanas, sin que por ello tengan que desdibujar su sagrado rol. Se complica; pero con integridad, aptitud e independencia se resuelve.