El hecho de que la República Dominicana y la República de Haití comparten el territorio de una isla condiciona a ambos países a manejar sus relaciones con criterios más particulares que el resto de los integrantes de la comunidad internacional.

En la actual coyuntura de profundización de la crisis haitiana, que amenaza en desembocar en una guerra civil, las autoridades dominicanas deben manejar esas relaciones con firmeza, pero inoculando una alta dosis de prudencia.

El presidente Luis Abinader, en su condición de jefe de la política exterior, carga la responsabilidad de respaldar todas las iniciativas que contribuyan a que los haitianos resuelvan los conflictos internos sin injerencia exterior de ninguna naturaleza.

La paz y la tranquilidad en Haití representa mucho para los dominicanos. La agudización de la inestabilidad se constituye en un peligro para esta parte de la isla de La Española.

La República Dominicana no está en condiciones de manejar una estampida de pobladores que ingresen masivamente al territorio ante un eventual caos generalizado y en medio de una potencial hambruna.

El mejor camino que tienen las autoridades dominicanas es la prevención a través de un estricto resguardo de la franja fronteriza, evitando un éxodo masivo de haitianos.

En los 391 kilómetros de frontera, República Dominicana tiene cuatro cruces formales y otros 14 puntos informales; siendo los principales problemas los sistemáticos episodios de inestabilidad política y social en territorio haitiano, la inmigración ilegal de indocumentados por cuenta propia y el tráfico de personas mediante redes organizadas.

Este panorama representa una amenaza constante a los dominicanos en los ámbitos de la seguridad pública y la sanitaria.

Las fronteras, especialmente las terrestres, son espacios vitales para los Estados, por lo que la nuestra no debe ser la excepción. Pero, inexplicablemente, históricamente no ha existido una política coherente respecto a nuestros vecinos, con quienes compartimos el mismo territorio.

La desatención a necesidades puntuales, la falta de oportunidades y la persistencia de altos niveles de pobreza en la mayoría de los pueblos que conforman las provincias Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales han traído como consecuencia que muchos de sus habitantes hayan tenido que emigrar de manera forzosa, procurando mejores condiciones de vida.

Una buena decisión sería que el Gobierno ponga su mirada en la referida zona, poniendo en marcha acciones puntuales para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores. La idea es cómo viabilizar proyectos productivos que les generen interés para permanecer en sus lares nativos.

En la mayoría de los países con fronteras terrestres y poblaciones carenciadas, la lucha contra la pobreza es el resultado de la combinación de políticas y actuaciones muy diversas, entre ellas la promoción de proyectos productivos y el fomento de la educación, la sanidad o los servicios sociales.

En una ocasión héroe restaurador Gregorio Luperón planteó: “La defensa del territorio y las instituciones constituyen el primer deber de todo ciudadano en una República, y no sería justo, ni puedo concebir, que esta contribución de sangre que todos deben a la patria pesará solamente sobre un grupo de la colectividad, consagrando así el principio de la desigualdad en materia de deberes y obligaciones”.

Aunque ante la situación de inestabilidad que vive Haití, la prioridad de la República Dominicana es vigilar celosamente su frontera; en el ámbito diplomático existen desafíos importantes que no deben descuidarse en procura de aportar a que los haitianos resuelvan internamente sus conflictos.

Firmeza y prudencia habrá de ser la tónica de las relaciones frente al pueblo haitiano.