Si el pleito del expresidente Fernández contra su partido, la Junta Central Electoral y la opinión pública sensata tuviera algún asidero legal inequívocamente convincente, ardería Roma, por no decir Santo Domingo.

Pero los alegatos, movimientos, discursos y lamentos de su facción suenan más a despecho emocional que argumentación jurídica.

Ante ese desgarrador dolor, la JCE ni el TSE u otro tribunal, ni la Unión Europea, la OEA, la ONU y mucho menos los americanos, pueden satisfacerle, pues lo que se busca no es justicia, ni demostrar un alegado fraude, ni dejar a las autoridades discurrir dentro de los plazos y atribuciones que les obliga la Constitución. Porque lo que quiere Leonel es imposible: haber ganado las primarias.

Ya cuatro prestigiosos rectores abollaron su argumento, informando que “los resultados de la opinión profesional de las universidades fueron satisfactorios en los aspectos indagados”, especialmente que el sistema “es auditable y comprobable que la sumatoria de votos físicos depositados (…) coincida con el acta final de resultados”. Ningún desengaño sentimental lo cura sentencias judiciales.