Todos los presidentes que ha tenido el país, en el pasado y el presente siglo, llegan al Palacio Nacional con una conciencia clara y absoluta de qué deben hacer. Una parte de las soluciones a poner en práctica formaron parte de sus programas de gobierno, cuando aspiraban a la posición.

En ese plan mágico y abarcador atesoran “todas las soluciones” para acabar con los apagones, con el déficit en los servicios de agua potable, con el caos del tráfico en Santo Domingo y las más importantes provincias del país. Así llegamos al proceso de inflación que nos acogota, la carestía de los artículos de primera necesidad, el deprimido sueldo que tienen empleados del sector público y privado; y finalmente, las iniciativas de seguridad ciudadana, para que se pueda vivir y transitar por las calles con el mínimo de desasosiego, sin temor a ser asaltados o perder la vida ante la pandemia del crimen organizado.

Los planes avanzan, pero de manera circunstancial y en determinadas épocas del año. En ese orden, ante los uxoricidios, llamados ahora feminicidios, sobran los discursos, las estrategias, los proyectos, el anuncio de inversiones para la protección de la mujer, pero seguimos nadando en los mismos problemas irresolutos.

De lo que estamos seguros es de la cantidad de consultores, asesores y especialistas que abultan la nómina pública, contratados para aportar “soluciones” a los problemas de marras. Hay especialistas que “trabajan” en todas las áreas donde el gobierno no consigue efectivas soluciones. De manera reciente hemos estrenado especialistas en seguridad ciudadana, que llevan estadísticas de la frecuencia y las zonas donde mayor incidencia tiene el crimen o los asaltos.

El momento que vivimos, principios de 2019, es clave para empezar a tomar decisiones. Y sobre todo, a invertir cuanto sea necesario para que haya una firme garantía que propicie un clima de verdadera seguridad ciudadana.