En ocasiones nos hemos referido a la “clase política” como un ente genérico para hacer referencia a conductas antidemocráticas comunes a la mayoría de los actores políticos, oficialistas y de la oposición.

Pero en esta oportunidad queremos centrarnos en una acción muy particular, la cual representa una llamada de atención para la salud de nuestra democracia y la vida institucional del país.

La independencia de todas las instituciones constitucionales de elección indirecta fue afectada con el emplazamiento que brotara desde la curul del presidente del Senado de la República contra el Tribunal Superior Electoral por haber dictado una sentencia relativa a un conflicto interno del PRD.

Esa decisión del Tribunal Superior Electoral, como cualquiera otra, puede ser recurrida ante las instancias y por las vías que nuestro ordenamiento jurídico establece.

Resulta penoso que desde esa bancada del Senado se diera una reprimenda a jueces por una sentencia, como ha ocurrido en este caso.

Luego del pronunciamiento desde la más encumbrada barra del Senado, cada juez en la República Dominicana ha quedado condicionado frente a cualquier decisión controversial y más si desagrada a quien tiene capacidad coercitiva.

El daño no solo llega al Tribunal Superior Electoral, sino que se extiende, por ósmosis, al Constitucional, a la Cámara de Cuentas, a la Suprema Corte de Justicia y a la JCE.