El elevadísimo costo de las campañas electorales subyace detrás del escándalo de corrupción transnacional que inició en Brasil y que ha conmocionado al hemisferio occidental.

La presión económica que pone sobre los candidatos el clientelismo que domina la actividad política hace que muchos reciban dinero de cualquier fuente, quizás solo excluyendo aquellas que provienen de actividades delictivas de alta peligrosidad.

El dinero compite con el talento en la actividad política. Por eso vemos que ser propietario de bancas de apuestas o de distribuidoras de gas constituye un fuerte atractivo a la hora de los partidos escoger candidatos a cargos congresionales o municipales.

Pero a nivel de candidaturas presidenciales la situación es mucho más delicada, pues los compromisos contraídos al recibir financiamientos podríaN ir en desmedro del interés colectivo.

El país está llamado a abocarse a un pacto político para abaratar las campañas.

Ganaría el país y ganarían los partidos.

La Junta Central Electoral es la indicada para liderar este proceso, pero requiere del respaldo de los partidos, organizaciones de la sociedad civil y los grupos de presión que abogan por reformas.

Los actuales costos de las campañas conspiran con el adecentamiento de la administración pública.

El sistema vigente, altamente clientelar, garantiza que quien obtiene dinero de manera “fácil” podrá imponerse sobre aquel que ha tenido que trabajar para ganar cada centavo que invierte.

Con estos costos de campaña seguiremos viendo a candidatos a cargos electivos congeniar con personas de reputación dudosa.

Peor aún, seguirán llegando a los cargos electivos personas sin más condiciones que la de no tener escrúpulos parA obtener y gastar el dinero.