Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, dijo que está “profundamente preocupado” por algunas modificaciones al Código Procesal Penal aprobado por el Senado de la República, en el entendido que las mismas beneficiarían el crimen organizado y la impunidad en crímenes de cuello blanco.

En una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Domínguez Brito explica que entre las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta se incluye que el tiempo máximo de duración del proceso se inicie a partir del momento en que se reciba la querella o se inicie la investigación policial y no desde cuando se solicita medida de coerción, que es como ocurre ahora.

Explicó que de aprobarse así se abriría una compuerta a favor del crimen organizado, pues bastaría con que alguien introduzca una querella, aún sin la recopilación de los elementos de pruebas, para que empiece a correr el plazo máximo de duración del proceso y entonces éstos criminales sean librados de la persecución judicial.

Advirtió que en casos de delitos de “cuello blanco” bastaría una denuncia planificada para vencer los plazos de la prescripción.

Luz verde al narco

“Hacer esto es abrir las puertas de nuestro país a los casos de narcotráfico, trata de personas, corrupción administrativa y aún a los casos de atracos y robos”, indica Domínguez Brito, para luego añadir que “esta contrarreforma permitiría que luego de apresar a un delincuente de esta magnitud el caso podría caerse con la sola presentación ante un juez de un informe policial datado cuatro años antes, un informe policial o cualquier acto previo de investigación”.

En la carta enviada el 6 de febrero pasado, indica que esa modificación resulta contradictoria a la dinámica de la investigación de las estructuras criminales.

“Es olvidar que desmontar una estructura criminal puede tomar más de cuatro años a partir de una denuncia, del apresamiento de un involucrado que puede decidir colaborar o de un seguimiento realizado por el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas o cualquier agencia de investigación del Estado que realice labores de investigación, toda hasta que el juicio llegue al final”, puntualiza.

Propuso que el plazo máximo del proceso inicie a partir del conocimiento de la medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba como había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero que se modificó en el Senado.

Opuesto archivar casos de forma definitiva

Domínguez Brito se opuso a la disposición de que el archivo de un caso se convierta en definitivo luego de los seis meses, en el entendido de que eso alimentaría la impunidad.

“Un caso archivado por falta de evidencias, pueden aparecer más allá de los seis meses, por lo que eliminar la posibilidad de reabrir el caso sería abrir las puertas a la impunidad”, puntualizó Domínguez Brito.

Sostuvo que cuando el archivo sea objetado por el Ministerio Público superior el levantamiento se realiza en forma administrativa.