Fruto de una concertación contraria a los intereses ambientales y sociales de la nación, el Partido Revolucionario Dominicano, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana y el disminuido Partido Reformista Social Cristiano, instruyeron a sus legisladores para que aprobaran, dentro de la nueva Reforma Constitucional, la gradual privatización de las playas, las costas, los ríos, los lagos y las lagunas, en una acción que ha recibido el total rechazo de la población.

Y esto es contrario al artículo 145 de la Ley Ambiental 64-00, el cual establece que los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado dominicano, y por tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y todo ciudadano tiene derecho a su pleno disfrute; pero esta aprobación, dentro de la Reforma de la Constitución, cercena un sagrado derecho de toda la población.

Con 140 votos a favor y 25 en contra, los senadores y los diputados aprobaron en la sesión número 46, que el artículo 13 de nuestra nueva Constitución exprese que “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objetos de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales, pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de la propiedad privada. La ley regulara las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas.”

Está claro que este texto ha sido redactado de forma ambigua para confundir a la ciudadanía y dar a entender que el espíritu de los legisladores ha sido proteger las cuencas de los ríos y la biodiversidad,  así como mantener el libre acceso a las playas, zonas costeras, ríos, lagos y lagunas, pero deliberadamente se le insertó la expresión que establece “observándose siempre el respeto al derecho de la propiedad privada”, expresión que prioriza el derecho privado y margina el derecho de las grandes mayorías, ya que la clase media, los pobres y los indigentes no podrán pagar las altísimas tarifas cobradas por los hoteles y resorts emplazados en nuestras playas, y esas playas no son propiedad particular, sino propiedad del pueblo dominicano, tal y como lo establecen los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Ambiental 64-00.

Los textos constitucionales deben ser taxativos, sin dejar ninguna duda, ni espacios para las interpretaciones particulares, pero en este artículo del texto constitucional se ha insertado el concepto que establece  que el acceso a las playas y zonas costeras es libre, pero condicionado sutilmente a que “siempre se respeto al derecho de la propiedad privada”, lo que implica que en realidad se prioriza la propiedad privada por encima del bien común, y cada vez que alguien construya un hotel en una zona de playa, o cada vez que alguien compre un espacio de playa, de inmediato pasará a ser propiedad privada, y en consecuencia el libre acceso quedará totalmente impedido, y llegará el momento en que todos los espacios costeros estarán en manos de la propiedad privada y se impedirá el libre acceso a la playa de cualquier ciudadano que no esté alojado en el hotel dueño del área de la playa.

Pero los legisladores y los lideres políticos no pensaron que la redacción de este ambiguo texto traería la oposición de toda la población, porque su aprobación marca la formalización en nuestra Constitución de un nuevo esquema de privatización de nuestros recursos naturales, donde evidentemente han jugado un papel de primer orden los empresarios hoteleros, y los organismos internacionales que aspiran a que todas las aguas sean privatizadas en todos los países, en desmedro de tanta gente pobre que al día no gana ni un solo cobre.

Ante el total rechazo de la población, los hoteleros, artífices de esta redacción, respondieron con un comunicado donde expresan que “las diferentes interpretaciones y reclamos muestran que existe confusión sobre su alcance y significado”, lo que valida nuestro planteamiento de que el texto fue deliberadamente redactado de manera ambigua, para dar a entender una cosa, cuando la realidad es otra, y eso lo saben muy bien los abogados, cuya especialidad es interpretar a su manera, y a su conveniencia, los textos legales y constitucionales redactados de manera ambigua.

De igual modo, los hoteleros explican en su comunicado que “En este caso, se consagra como limitante expresamente “el derecho de propiedad”, un derecho que se encuentra igualmente protegido en el Artículo 8 numeral 13 del ordenamiento jurídico actual y se mantiene en la Reforma Constitucional”, pero nadie ha dicho que el ordenamiento jurídico esté en juego, como tampoco nadie pretende afectar los legítimos intereses privados, lo que no se puede permitir es que al amparo de una nueva Constitución los recursos naturales, propiedad de toda la nación, pasen a manos de particulares en un claro y pernicioso esquema de privatización cimentado sobre una zapata de corrupción.

No es la población la que quiere quedarse con los bienes del sector privado, sino el sector privado el que siempre quiere quedarse con los bienes de la población, o acaso ya nos olvidamos de la privatización de los aeropuertos, de la privatización del sistema eléctrico, de la privatización de las empresas del grupo CORDE, del permanente acecho a las hidroeléctricas para privatizarlas, y del primer fallido intento de la OPRET de privatizar el costosísimo y disfuncional Metro de Santo Domingo, sobre la base de que el Estado no puede seguir cargando con los déficits generados por los altos costos operaciones y la escasa afluencia de pasajeros, lo que le ha llevado a ofertar la segunda línea sobre la odiosa base de concesión compensada por el Estado.

No es la población la que ha tratado de asaltar las playas de bahía de Las Águilas, ni las playas del parque nacional del Este, ni las tierras del Consejo Estatal del Azúcar para instalar una contaminante cementera en la región cárstica e hidrogeológica de Los Haitises, la cual dañaría las aguas subterráneas que están reservadas para las futuras demandas de Santo Domingo y todo el Este del país.

No, es el sector privado, confabulado con una parte del Estado, quien quiere establecer un nuevo ordenamiento jurídico donde el pueblo quede despojado de lo poco que le han dejado.

Los hoteleros dominicanos saben que en Río de Janeiro ningún hotelero es dueño de ningún segmento de las playas de Copacabana e Ipanema, donde el turista puede caminar libremente a lo largo de ellas o puede bañarse en cualquier tramo de ellas, y eso es lo que ha permitido el extraordinario crecimiento del turismo en esa hermosa ciudad brasileña, sin embargo, en nuestro país los hoteleros quieren adueñarse de todo el territorio litoral, lo cual, a la larga, va a sepultar el turismo nacional.

En definitiva, el hecho de que los principales líderes políticos dominicanos se hayan puesto de acuerdo para aprobar esta irracionalidad ambiental, demuestra que el liderazgo político dominicano es decadente y que debe ser renovado, porque ese liderazgo nunca ha estado del lado de los intereses ambientales y sociales, sino exclusivamente del lado de los intereses comerciales y particulares.

Todo el país debe sumarse a las protestas en contra de la aprobación de este artículo 13 de la nueva Constitución, tal y como ha sido redactado, y exigir a  los legisladores que revisen el texto a fin de eliminar el concepto que establece “observándose siempre el respeto al derecho de la propiedad privada”, porque nuestras playas y nuestras aguas nunca deberán ser privadas.