Santo Domingo.-Los primeros involucrados en la trama de Odebrecht cayeron tras un extenso proceso de investigación que incluyó 36 interrogatorios, allanamientos y colaboración internacional para sustentar la acusación contra la mayor red de corrupción gubernamental conocida en el país.

El caso que podría recluir en prisión a un número importante de funcionarios y exfuncionarios, legisladores y empresarios, fue instrumentado con documentos facilitados a la Procuraduría por la Justicia brasileña y la estadounidense.

Todo empezó en diciembre 2016, cuando la constructora brasileña confesó ante el Departamento de Justicia estadounidense que en República Dominicana pagó US$92 millones en sobornos para obtener contratos, que en total sumaron US$788 millones distribuidos en otros países con los mismos fines.

Desde ese momento el impacto social no se hizo esperar, lo que desencadenó un reclamo de prisión por corrupción.
El proceso ha dado pie al Movimiento Verde, que es el más duradero contra las prácticas corruptas en el país, y ha logrado presionar a las autoridades con movilizaciones iniciadas el 22 de enero.

Y es que el “tsunami” político no es para menos, ya que localmente abarca tres gobiernos a lo largo de 13 años e importantes figuras de la vida pública.

El origen del escándalo

El esquema de corrupción aplicado por Odebrecht tuvo su origen en el denominado caso “Lava Jato”, que conmocionó a la clase política brasileña con decenas de arrestos, sometimientos y condenas definitivas contra funcionarios y empresarios.

Las investigaciones por este entramado iniciaron en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (ciudad localizada al sur de Brasil) indagaba una red mediana de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Marcio Anselmo, encargado del caso, tenía los ojos puestos en los movimientos monetarios del casacambista Carlos Habib Chater, cuyo padre había sido apresado dos meses antes por lavado de activos.

Los investigadores determinaron que Chater se comunicaba vía telefónica con Alberto Youssef, un experto en lavado de activos juzgado en el año 2004.

Petrobras, ni mucho menos Odebrecht, sonaba en el expediente, pero en diciembre de ese año los investigadores “se encontraron raro” el hecho de que Youssef habría comprado un carro de lujo a nombre de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de la compañía estatal Petroleos Brasileiros (Petrobras). Más que extraño, la curiosidad se enciende entre los investigadores porque no había forma de que un director, con un sueldo de US$40,000, pudiera comprar un vehículo valorado en US$115,000.

Ahí es donde Anselmo comienza a investigar otras personas y se entera que tenía entre manos un caso más grande o “histórico”.

Y el tiempo así lo demostró. La policía de Brasil descubrió que los sospechosos de lavado de activos brasileños transferían sumas millonarias de dinero hacia China y Hong Kong a través de una red de más de 100 empresas de fachada que utilizaban decenas de cuentas bancarias.

El dinero provenía de negocios de contrabando y desvío de recursos públicos, entre ellos los ganados en los contratos de construcción de obras contratadas por Petrobras a decenas de empresas con operaciones internacionales, como Odebrecht. En marzo de 2014, la policía detiene a Youssef y a Roberto Costa, quienes a cambio de una reducción de pena acordaron delatar a los integrantes de la banda de lavado de activos, corrupción y soborno internacional.

La red obtenía coimas por el equivalente al 3 % del monto de cada obra, dinero que era “blanqueado” reinvirtiéndolo en bombas de gasolina, lavanderías y hoteles.

Por eso el caso de corrupción es bautizado como: Operación ‘Lava Jato’, que en portugés significa “auto lavado”.

Los imputados revelaron que entre 2008 y 2013 recibieron de Odebrecht US$31.5 millones de soborno y señalaron a 62 congresistas brasileños de distintos partidos de ser beneficiarios de esas dádivas.

Estas revelaciones desataron investigaciones a nivel continental hasta llegar al país.

La principal constructora

Desde su llegada la constructora Odebrecht estuvo a su cargo las principales y más costosas obras edificadas en el país, entre las que se encuentran carreteras, túneles, elevados, autopistas, hidroeléctricas entre otros importantes proyectos.

En la actualidad es la responsable de la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, que envuelve un monto superior a los US$2 mil millones.

La empresa tiene presencia en el país desde el año 2000, periodo en el que junto a sus contrapartes locales ha liderado el sector construcción en cuanto a obras públicas se refiere.

La mayoría de los proyectos asignados a esta empresa siempre contó con la aprobación de los diferentes gobiernos y los congresistas responsables de aprobar los contratos y financiamientos.

Adicional a esto, la mayoría de los contratos aprobados fueron modificados con adendas que hasta duplicaban los montos principales por los que eran acordadas las obras.

Esto ocurrió con proyectos como la hidroeléctrica de Palomino.