Un periodista importante propuso ayer al presidente Medina patrocinar una ley que modifique el régimen de los delitos de prensa.

Bajo la guisa de modernizar la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, por las nuevas realidades impuestas por la Internet y la democratización mediática, algunos periodistas y directivos quisieran zafarse de la responsabilidad que les asigna la ley y el sentido común, ante ilícitos de prensa cometidos por la publicación que dirigen.

Es como si, dado que una razón social no puede someterse judicialmente por una infracción penal y por tanto deben responder su presidente y administradores, los directivos de empresas aspiraran a librarse de responsabilidad traspasándola hacia subalternos o terceros.

Hay buenas razones de lógica jurídica y también de moral social para que cuando un medio injurie, difame o abuse de la libertad de expresión y de prensa, responda su director.

Si resolver civilmente los daños y perjuicios bastara, equivaldría a dejar el precio de la honra ajena en manos inciertas. Ante daños irreparables no puede haber lenidad.