El mejor impacto que ha producido la Marcha anticorrupción protagonizada la semana anterior por miles de ciudadanos y la recogedera de firmas en contra de la impunidad, ha sido, a mi juicio, el hecho de que no se trata de un movimiento político liderado por ningún partido ni caudillo político con intereses propios, sino más bien la sana expresión de un pueblo deseoso de erradicar el dolo y las malas prácticas en sentido general.

Lamentablemente, el mensaje no parece haber sido bien comprendido por quienes están llamados a corregir sus pasos, como se desprende de una denuncia emitida por la fundación Masada, revelando que se está urdiendo una maniobra de intereses vinculados al oficialismo que persigue imputar a las manifestaciones en contra de la impunidad una presunta intención de desestabilizar al Gobierno para promover un supuesto golpe de Estado.

“Esa estrategia de victimización es retorcida y desesperada –dice la Fundación-.

Pretende denigrar el clamor ciudadano por una gestión judicial transparente, independiente y despolitizada del caso Odebrecht ante el fracaso de distraer la atención pública durante estos tres meses”.

“Lejos de subvertir el sistema- afirma- luchamos para que el sistema funcione dentro de la legalidad. No nos interesa tumbar al gobierno, pero el gobierno debe tumbar la impunidad. Mientras, la Marcha sigue”.