Cuando el Comité Político del PLD, conformado por 34 personas, decidió apoyar las primarias abiertas en la ley de partidos condicionado a que un grupo de abogados constitucionalistas emitan sus opiniones sobre la constitucionalidad o no de esa figura, hace que muchos desvíen la discusión fundamental con relación al tema.

Un elemento que hoy es inconstitucional, con una simple reforma puede convertirse en constitucional en un plazo tan corto como tres días. Experiencias tenemos de sobra con el tema de la reelección.

Por tanto, además del asunto constitucional, hay que mirar si la medida conviene al país o simplemente se trata de arrastrar a toda una nación en la solución de un diferendo entre dos facciones de un partido en particular.

La Junta Central Electoral ha planteado todos los inconvenientes logísticos que tendría esa medida y ha señalado el elevado costo económico de la misma, fondos que deberán salir de un ya deficitario presupuesto del Gobierno.

En unas elecciones en las que participaron unos 4,200 candidatos se gastaron más de 3,000 millones de pesos, imagínese cuánto costaría un proceso de la misma dimensión, pero en el que podrían participar hasta 40 mil candidatos.

Los aspectos que motivaron en 2005 a la Suprema Corte de Justicia declarar inconstitucional las primarias universales se mantienen en la Constitución vigente (el objeto de las convocatorias de la Asamblea Electoral), el Tribunal Superior Electoral también dejó saber su parecer en la misma dirección, la Junta ha hablado, la oposición por igual y una parte del partido oficialista.

Eso se parece mucho a un rechazo mayoritario.
La discusión real tiene que girar hacia la conveniencia del país.