Santo Domingo.-Tras la disposición del Ministerio de Medio Ambiente de asumir el control y militarizar el vertedero de Duquesa, la empresa Lajun Corporation dejó libre el acceso a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo para el vertido de los desechos.

Ante la crisis que registra la recolección de basura y el impedimento que mantenía la entidad a los cabildos de Santo Domingo Este, Pantoja y Los Alcarrizos, el ministro Francisco Domínguez Brito decidió que a partir de ahora todos viertan la basura allí, independientemente de que tengan o no deudas con la empresa Lajun.

Domínguez Brito también impuso una multa de 16 millones de pesos a Lajun por no cumplir con el artículo 45-3 de Ley 64-00 sobre los planes de manejo de los desechos de conformidad con las normas ambientales.

“Al constituirse en Policía Ambiental, el Senpa (Servicio Nacional de Protección Ambiental) procederá a restituir todas la obligaciones vinculadas a este servicio público”, expresó, al tiempo de advertir que la salud de la población no puede ponerse en juego.

Ayer se restableció la entrada de los camiones recolectores, no así a la prensa, por lo que no se pudo constatar las operaciones internas.

Origen del conflicto

El problema de la basura se originó luego de la firma de un contrato entre el Ayuntamiento Santo Domingo Norte y la empresa Lajun para la administración de Duquesa, pero esta entidad incumplió y lo maneja a cielo abierto.

De acuerdo con Onofre Rojas, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, dentro de ese contrato se estipula que el costo promedio por tonelada de basura sería de US$2.00 y que cualquier aumento tenía que consensuarse entre las partes, además de comunicárselo a la Alcaldía de Santo Domingo Norte.

“Qué pasó, que Lajun se atribuyó la potestad de poner el precio a los desechos y exige US$8.14 por tonelada, eso significó que hay ayuntamientos que ese aumento les representa un 100 %, un mil y hasta un mil 500 por ciento de lo que han estado pagando”, explicó Rojas.

Para enfrentar el problema, el Ministerio de Medio Ambiente inició conversaciones con los alcaldes y representantes de Lajun, crearon una comisión para analizar los precios de las operaciones para llegar a un acuerdo y mientras eso se daba se permitiría el vertido de desechos en Duquesa.

Sin embargo, la administración no cumplió, y además bloqueó el acceso a varios cabildos. Esa situación provocó un gran taponamiento en la entrada del vertedero, como además un acentuado cúmulo de basura en las diferentes demarcaciones.

Por igual provocó que el Concejo de Regidores del municipio de Los Alcarrizos, a petición del alcalde Junior Santos, declarara una situación de emergencia en esa población ante el temor de un brote de enfermedades.

Tarifas

Según Onofre Rojas, desde 2007 se mantenía esa tarifa, aunque algunos cabildos ya pagan US$3 dólares.

No obstante, al Distrito Nacional, que paga US$7 dólares, se le incrementó a 17; al Ayuntamiento Santo Domingo Este de 4 se llevó a US$8, y al Oeste, de 500 mil pesos pasó a 1 millón 500 mil pesos; Los Alcarrizos paga 160 mil pesos mensuales y la empresa Lajun le exige un millón 750; en el caso Santo Domingo Norte está exento por la ubicación geográfica de Duquesa.

Procuraduría dará informe

El Ministerio Publicó adelantó que la próxima semana dará a conocer el resultado sobre la legalidad de la venta de los terrenos de Duquesa a la empresa Lajun Corporation.

Dijo que esas pesquisas permitirán comprobar en forma preliminar si en las operaciones existe algún vestigio de actuación dolosa.

Antes de la división territorial, el ADN tenía el control del terreno de Duquesa, luego se lo transfirió al municipio de Santo Domingo Norte.

Onofre Rojas, director de la Mancomunidad, afirma que compete al Ministerio Público establecer la legalidad de los terrenos de Duquesa.