Santo Domingo.- La falta de investigación de la autoridades dominicanas en el caso de la demanda impuesta por  la empresa Lajun Corporation que administró del año 2007 al 2017 el vertedero de Duquesa, le costará al Estado dominicano 2,500 millones de pesos explicó hoy  Waldys Taveras, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

Taveras informó que el conflicto entre el Estado dominicano y Lajun Corporation viene porque luego de firmar el contrato se realizaron tres adendas en menos de cinco años.

Detalló en una de esas adendas la empresa llegó a la disposición de unos pagos del costo de la disposición final, sin embargo se descuidó y “duquesa pasó de ser un relleno sanitario a un vertedero que pone en peligro la salud de los ciudadanos de Santo Domingo”.

En ese momento el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito depositó ante la fiscalía de la provincia Santo Domingo una acusación por delitos ambientales a la empresa Lajun Corporation.

«La fiscalía de Santo Domingo  no investigó, ellos congelaron el expediente hasta el día de hoy”, apuntó Taveras.

Los ayuntamientos de la mancomunidad de Santo Domingo tenían la ciudad llena de basura, se inició un proceso judicial y el Tribunal Administrativo suspendió el contrato con la empres,  cuyo accionista mayoritario es el jamaicano Michael Lee-Chin. 

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Antes de lo descrito, en el año 2014, Lajun había solicitado un préstamo al Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), el mismo establecía que la empresa ponía como garantía los terrenos del vertedero de Duquesa.

“Cuando el contrato llegó a la sala capitular del ayuntamiento del Distrito Nacional, yo era regidor y dije eso no puede ser.. Porque era una transacción para que el Banco de Reservas, del dinero del cabildo le pagara la deuda al BNB”, dijo el municipalita entrevistado en el Programa El Día, que se trasmite por Telesistema Canal 11.

Relató que fueron hasta el al Congreso Nacional  y le explicaron  la situación a la comisión municipal, que en ese momento la encabezaba Radhamés González.

Les explicamos de que trataba el expediente, «es un préstamo y  necesitábamos que lo investiguen, ellos realizaron las pesquisas y las presentaron al entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez».

Dice que ellos (Lajun) compraron con un decreto del 1986, hecho en Times New Roman, tecnología que no existía en esa época, el certificado del Senado que dice que el día que se conoció esa venta no sesionó, al igual que la Cámara de Diputados.

Pese a todo lo antes descrito, el empresario Michael Lee-Chin, fue a un arbitraje internacional, ya que por vía de la Comunidad del Caribe (CARICOM) tenía esa opción.

“El dice en el tribunal internacional que sus bienes fueron confiscados. Sus bienes eran el contrato y la propiedad inmobiliaria”.

La sentencia se produce por que el  Tribunal de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) en virtud del Tratado de Libre Comercio Caricom-República Dominicana excluye artículos que no se protegen.

“El artículo 226 dice que no se protegen aquellos aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la salubridad pública”.

El tratado no se iba aplicar, por qué se aplica; cuando Domínguez Brito depositó en la fiscalía de la provincia Santo Domingo la acusación por delitos ambientales, esa fiscalía no investigó.

Explicó que el contrato original dice que los terrenos de duquesa le pertenecen al ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Y luego ellos (Lajún) se aparecieron con los títulos.

El empresario Michael Lee-Chin dijo ante el Tribunal Internacional que fue despojado del contrato y que bien fue expropiado.

«Sí se hace la investigación, ese arbitraje no tendría competencia por que se invocó un documento falso; la falta de investigación nos saldrá por 2,500 millones de pesos».

Dijo que a la fecha el tribunal internacional no ha publicado la sentencia y que se conoce el resultado por que el Ministerio de Industria y Comercio, publicó un comunicado diciendo que esa sentencia fue emitida y que el Estado dominicano debía pagar unos 43 millones de dólares.