El temor de algunos de que no todos quepan en el arca de la internet y la tecnología apropiada para llevar adelante el vapuleado programa escolar, ha encontrado un puntal inesperado en la declaración del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones sobre la brecha digital y la deficiente conectividad en amplias áreas del país.

La brecha digital, según los entendidos en esta materia, refiere a la desigualdad en el acceso a los contenidos de la internet, no por apatía o falta de voluntad, sino por la imposibilidad técnica. Regularmente esto tiene que ver con los bajos ingresos y, como consecuencia, con la marginalidad social.

Si el gobierno ha de compensar, tanto la diferencia en el acceso a la red, como la de conectividad, que, de nuevo según los entendidos, es la capacidad del equipo y la calidad del servicio, es ciertamente grande la tarea por cumplir para que al día 2 de noviembre todos estemos a punto para aprovechar la escuela en igualdad de condiciones, tanto en una torre del denominado Polígono Central de la capital, en uno de sus barrios, como en Pedernales o Jimaní.

Sin darnos cuenta, podemos estar ante uno de los tantos efectos indeseados del nuevo coronavirus, que por desgracia amenaza con hacernos retroceder de manera dramática en el plano social.

Pero ocurre que el Estado es garante y árbitro de la educación formal hasta el nivel medio, por lo menos hasta un punto en el que, como lo dice la Constitución en su artículo 63, no puedan apreciarse otras limitaciones o diferencias que las derivadas de las aptitudes, la vocación y las aspiraciones particulares.

Esta aspiración está en riesgo con la amenaza de ampliación en la brecha social, una amenaza que obliga a un acompañamiento moral y material al Ministerio de Educación para que nadie vea ahondados a su alrededor los fosos de la marginalidad.