Roberto Marcallé Abreu
Solanny de los Santos es una joven mestiza, delgada y mediana estatura, en cuyos ojos se refleja una tristeza tan honda que podría desencadenar las lágrimas de cualquier persona sensible
Está desempleada y sufre dolores tan aterradores que por momentos hasta pierde la conciencia. ¿Por qué sus sufrimientos y su tristeza?
Ocho meses atrás visitó al médico. Le detectaron un tumor en la zona pélvica de 15 centímetros. Se debía proceder a su extracción inmediata. Solo que Solanny no puede gastar los 92 mil 800 pesos que cuesta la cirugía. Se vio obligada a abandonar su trabajo y carece de recursos.
Este amargo relato de alguna manera contrasta con los hechos mencionados por dos funcionarios, José Rijo Prebost y Derbi de los Santos (director de Presupuesto y viceministro del Tesoro) sobre una montaña de dinero que tropieza con los pocos miles de pesos que requiere Solanny para recuperar la salud.
Utilizando ilegítima e ilegalmente los dineros públicos con fines electoreros entre el 31 de julio y el 14 de agosto las autoridades salientes pagaron a contratistas y empresas asociadas al ex ministro de Obras Públicas y candidato presidencial del peledeísmo la suma de ¡21 mil millones de pesos!
¿No nos provoca horror y desaliento este hecho cuando se medita en las necesidades de esta muchacha y de tantas personas? Esos dineros, alegaron los funcionarios, “no estaban presupuestados, carecían del control de la Contraloría, no estaban asentados en la Tesorería y fueron tomados del Presupuesto de la Nación”. Lo oscuro del asunto obliga a una indagatoria judicial inmediata.
Al mismo tiempo se reveló que un alto organismo del Banco de Reservas decidió “premiar” a su administrador saliente, un connotado dirigente del derrotado partido oficial, con la suma de ¡cien millones de pesos! por “su buen desempeño” y otorgarle, además, una pensión de por vida de ¡un millón de pesos mensuales!
El rosario de maldades de la gestión gubernamental 2012-2020, la más funesta en la historia del país, parece interminable. Una cárcel edificada por la cuestionada dirección de la “Procuraduría General de la República” despertó la alarma de entendidos como el ex rector universitario Roberto Santana por “apartarse radicalmente de las normas que ahora valen para los sistemas de privación de libertad en el mundo”.
Expertos consultados aseguran que el presupuesto en libros representa tres veces lo verdaderamente invertido en “un adefesio, un gallinero o un almacén de convictos”, como se le ha descrito.
Asombra el descaro en que incurrieron activistas y dirigentes peledeístas de San Francisco de Macorís al tratar de apropiarse por las malas de edificaciones destinadas a familias damnificadas. Indignación y rabia tanto en los afectados como de la Iglesia Católica local.
“Está dicho: no hay mejor tiempo para las vulneraciones que las fechas de transición”, expone el diario Hoy. La crisis heredada ha creado una situación en extremo delicada. El editorialista escribió que para cierta gente “el interés social se fue a la porra”.
¿Qué mayor evidencia que los miles de infectados y muertos a consecuencia de la pandemia y la manera antojadiza o malintencionada como se administró la amenaza de penetración del virus a territorio nacional provocando daños mayúsculos a todas las actividades y a la forma de vida del ciudadano? El Colegio Médico denunció que 400 galenos están afectados y unos 25 han fallecido.
Peor, todavía, el 59.1 de los hogares ha sufrido una reducción significativa en sus fuentes de ingreso, el 50.8 informa que se alimenta menos, el 18.8 señala que uno de sus miembros perdió su trabajo y el 15.4 alguno de sus miembros ha sufrido una depresión paralizante. (Encuesta ONU-Entidades comunitarias, Mayelin Acosta).
Las secuelas de esta deplorable situación heredada se proyectan en todas direcciones. Se han producido intentos de ocupación de terrenos.
En Valle Nuevo, Constanza se derribaron decenas de árboles (Montellano y Rio Grande) afectando 500 tareas.
La delincuencia y el crimen siguen manifestándose. Una niña asesinada, una joven de dieciséis años acribillada y enterrada por su novio de 21, un señor y sus dos hijos asesinados a balazos. Se detiene un acusado de lavar 260 millones de dólares.
La indignación ciudadana crece sin tregua ante estos desafueros.
Juzgar y detener a numerosos responsables del dispendio con expedientes bien sólidos resultaría aleccionador (sabemos que apenas el actual gobierno apenas tiene siete días). Aún así, conviene que se sepa que ni las autoridades ni la ciudadanía van a permitir que los culpables de tantos crímenes permanezcan sin castigo. Que nadie se equivoque.
