José Báez Guerrero
El tema de los vínculos entre políticos y narcotraficantes es peliagudo. Un deslenguado senador del PLD quiso embarrar a un expresidente y resultó condenado por difamador. Otro se calla cuando Quirino le exige devolver un dinero. Hay muchos políticos cercanos a gente cuya honestidad es indefendible, carentes de virtudes cívicas o atributos admirables. Al presidente Abinader le enrostran que usó un helicóptero de un narco, pero ha extraditado a los que solicita la Justicia de Estados Unidos y hay otros procesados o condenados.
Ninguno es su compinche o secuaz. Distinto a esa sana distancia de la dignidad presidencial y la propia, que aplaudo en Luis, otros políticos prefieren estrujar a la sociedad su intimidad con individuos cuestionados por otra corrupción.
Apenas horas antes de las elecciones, Leonel Fernández anunció con bombos y platillos que el equipo de observadores electorales de su FUPU lo encabeza su pana Ernesto Samper, expresidente colombiano confesamente financiado por el cartel de Cali y sancionado por Washington cancelando su visa. Es difícil impedir la penetración del narco en partidos o instituciones, pero es fácil identificar las actitudes de cada político cuando pasa. Leonel compone su nuevo algoritmo. Gracias a Dios pronto contarán los votos.
