Mucho se habla de la corrupción y de sus efectos perniciosos para la economía, la sana competencia y la superación de nuestra pobreza.

La corrupción en República Dominicana es un cáncer que carcome el tejido social y político. El mayor problema es que la corrupción y su hermana, la impunidad, han estado atadas como la hiedra en la pared y en el interior de nuestra vida institucional, con raíces muy profundas y difíciles de erradicar.

De ahí que la lucha contra la corrupción administrativa no se debe limitar a las instituciones del Estado encargadas de instrumentar los casos, porque ya sabemos lo que pasa en la justicia cuando de corrupción pública se trata.

La ciudadanía debe participar y ejercer la presión necesaria para que los funcionarios que hayan participado en acciones de corruptas sean investigados, perseguidos, acusados y condenados con sanciones ejemplares.

El “sobornobrecht”, en el que se habla de 92 millones de dólares en sobornos de funcionarios dominicanos, envuelve a prácticamente toda la región latinoamericana.

La propia Odebrecht ha admitido el pago de comisiones por adjudicación de obras de construcción a funcionarios públicos de los distintos países donde se encuentra presente.
Ya ha habido condenas severas para los principales ejecutivos de la empresa, quienes han sido condenados a altas penas de prisión y multas, como en el caso del Marcelo Odebrecht, expresidente de dicha empresa, que fue condenado en Brasil a 19 años y cuatro meses de prisión.

La filtración de información y los procesos judiciales abiertos a nivel internacional han puesto a nuestro país dentro de la lista de países donde la compañía tenía operaciones, dándose incluso nombres específicos de personas involucradas en dichos actos.

Pueden pasar dos cosas: que siga la hilada de impunidades, con o sin procesos judiciales, con el consiguiente aumento de la desconfianza ciudadana en las instituciones y en el propio sistema democrático; o que, por presión ciudadana y responsabilidad judicial, se produzcan procesos transparentes que conlleven serias sanciones para los responsables activos y pasivos de los sobornos y se produzca una efectiva recuperación de los recursos generados por los sobornos.

Solo así daríamos el ejemplo de un sistema que no perdona a quienes cometen actos de sangrado corrupto de los recursos del Estado.