Las manifestaciones populares pacíficas son una expresión genuina de las democracias modernas. La República Dominicana tiene problemas institucionales que se expresan en esos reclamos y movimientos ciudadanos.

Hemos tenido episodios recientes de este tipo, como la marcha verde en su lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad; huelgas por los apagones en varias zonas del país y reclamos de derechos de pensiones por parte de un grupo de cañeros, entre otros.

Estas demandas no dejan de ser justas. En el caso particular de los trabajadores cañeros de los bateyes no es posible que esas pensiones de miseria no puedan ser concedidas.

Se trata de un tema de exclusión y de ineficiencia administrativa que no debe ser tomado a la ligera.

Como tampoco los casos de corrupción y las deficiencias del sector eléctrico, para solo citar algunas de nuestras deficiencias, a pesar de esfuerzos del gobierno por superar ese estado de cosas.

Algunos promueven la violencia y parecen no aprender de la historia, que es un camino de penurias. Lo peor es que arrastran al hoyo a su población.

Estos movimientos y manifestaciones deben ser siempre manejados de manera pacífica por ambos lados.

La autoridad policial debe garantizar el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica y no para negarlos.

Una manifestación popular requiere protección policial, pero jamás para, sobre la base del cliché de la seguridad de Estado y el orden público, acudir a las agresiones contra las personas llamadas a ser sujeto de protección en su labor de mantener el orden y la seguridad en las vías públicas.

También los manifestantes deben observar un comportamiento cívico para ejercer su derecho pacíficamente, en lo que sin dudas se ha avanzado significativamente.

Es inaceptable la violencia policial, con mayor razón cuando se trata de una lucha por derechos fundamentales, tan importantes para el desarrollo social de nuestro país.

El rol de la policía militar y represiva al servicio de un régimen dictatorial debe ser superado –no solo por la norma, sino por la práxis- por el de una policía y agencias de seguridad ciudadana garantes del ejercicio normal de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no para su denegación.