Carlos Salcedo.
Los mecanismos de representación del sistema político son necesarios, pero insuficientes para las democracias modernas. Se requieren canales de participación en la toma de decisiones políticas para la preservación de la voluntad colectiva. La Constitución establece mecanismos que la deben garantizar y eso constituye un avance.
Pero la democracia con ciudadanos precisa de su participación permanente, pues los representantes no son los dueños del poder. Deben dialogar siempre con sus mandantes, no sólo cuando necesitan sus votos.
Instituciones de sociedad civil, acremente criticadas por Senadores, funcionarios y comunicadores, propugnan legítimamente por la aprobación de la ley de partidos políticos, transparencia y responsabilidad fiscal, la modificación de la ley electoral y la mejor selección de los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral (TSE).
Entienden que deben definirse primero los perfiles de quienes resulten electos para esas delicadas funciones. Se trata de los órganos de fiscalización externa del Estado, los administradores del sistema electoral y del registro civil y los jueces para los asuntos contenciosos electorales y los diferendos en los partidos, respectivamente.
No solo estas instituciones, sino toda la sociedad civil, sean estas instituciones de base, comunitarias, ONG, asociaciones, federaciones, redes y foros de diálogos, están formadas por ciudadanos y tienen el derecho de participar activamente en estos procesos.
En su artículo 216 la Constitución manda a los partidos políticos a promover y asegurar la participación ciudadana en todo escenario que conlleve una decisión política, tomando en cuenta que la decisión final debe ser expresión legítima de la voluntad popular y que con ella se promueva el fortalecimiento democrático.
Las pasadas elecciones dejaron el sabor amargo de la desconfianza de una parte de la ciudadanía en quienes dirigen y juzgan los procesos electorales.
Es la sociedad de representados -los mismos que son buenos para votar-, que solicitan funcionarios sin vinculación partidaria reciente, que sean justos e íntegros en la toma de decisiones, árbitros imparciales y que respondan a requerimientos de formación, admiración social y carácter.
Si son ciudadanos los que eligen a los Senadores y demás funcionarios, ¿deben callarse y que estos les estrujen la legitimidad del órgano de representación? La silenciocracia no es todavía nuestro sistema político.
