Santo Domingo.-Expertos en temas de niños, niñas y adolescentes consideran que el aumento de las penas a ese segmento de la población no solucionará el problema de la delincuencia en la República Dominicana.

Entienden que una muestra de esa realidad es que de 22 mil internos en los  centros de corrección a nivel nacional, solo 575 personas son menores de edad.

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio,  el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de  Santiago, Juan Aníbal Rodríguez Fernández,   su homólogo del Distrito Nacional  Francisco Pérez Lora,  la procuradora de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, Leonora Martínez Conde; la consultora Internacional de temas de la Niñez, Ara Gena Martínez, y la gerente del programa  Educación y Derecho de la Niñez y la Juventud del Catholic Relief Services,  Eric Gómez,  explicaron que con los menores privados de libertad se deben crear planes a los fines de devolverlos regenerados a la sociedad.

   El juez  Rodríguez Fernández entiende que para quienes piden endurecer las penas a los menores en conflicto con la ley es más fácil “encerrarlos en almacenes como si fueran cosas” que buscar soluciones a la problemática.

 En tanto el juez Pérez Lora explicó que debe ser diferente  el trato que las leyes dan a los adultos que cometen delitos y el que  otorga al menor.  Entiende que con la “política de mano dura”, no se resolverá la situación.

Presas de delincuentes

La  psicóloga Ara Martínez, quien afirma que en muchos casos los menores son presas de los delincuentes,  abogó por una mayor inversión en niños, niñas y adolescentes.

Dijo que se necesita trabajar con la familia, la comunidad y distintos sectores para ejecutar políticas en favor de ese segmento de la población.

Mientras que Eric Gómez, quien recordó que la República Dominicana es signataria de convenios internacionales, dijo  que  sería una vergüenza que en la reunión del Comité de los Derechos del Niño en Ginebra,  a celebrarse en  2014, vean que el país aumentó las penas a los menores en conflicto con la ley. 

Martínez Conde entiende que contrario a aumentar las penas se debe pensar en lo que definió el plan de las “3 R”, que implica la reeducación, resocialización y la reinserción.  Dijo que ese plan debe incluir el entorno familiar del menor.