El comportamiento kakistocrático que exhiben numerosas dependencias del Estado, como la Contraloría General de la República, hacen sentir opresión en corazones de dominicanos y extranjeros que ven con preocupación ciertos niveles de deficiencia en la administración pública.

La semana pasada el Gobierno informó, con bombos y platillos, que la Contraloría General de la República publicará otras 90 auditorías hechas a igual número de instituciones estatales, en una especie de foro público, al mejor estilo del que se hacía en Radio Caribe, en franca violación del rol que le confiere la Constitución de la República.

A juzgar por lo que ocurrió con las primeras auditorías difundidas, decenas de funcionarios quedarán moralmente sepultados bajo expedientes que, aunque no sean llevados a la justicia, permanecerán en el imaginario de la población.

Esa no es una atribución de la Contraloría General de la República, sino de la Cámara de Cuentas. Conforme a lo establecido en el artículo 247 de la Constitución de la República, la Contraloría es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, que ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago.

Esta institución no está llamada a convocar a funcionarios para que ofrezcan declaraciones acerca de sus respectivas gestiones; su responsabilidad consiste en velar por el control interno.

Si reprueban las instituciones en materia de control interno, también lo estará haciendo la Contraloría General de la República. Esa es la razón por la que en cada una de las instituciones existen unidades de contraloría interna.

Lo peor de todo radica en que los funcionarios a los que se les vierte estiércol con la ilegal práctica prefieren mantenerse callados para no poner en riesgo sus cargos. ¡Qué pena!

Las mentalidades liliputienses no contribuyen al desarrollo nacional, y sólo pueden comprenderse en el mundo ficticio del escritor satírico irlandés Jonatham Swift.

Las dependencias del Estado, sean centralizadas, descentralizadas o autónomas, no pueden convertirse en títeres de determinados titiriteros que manejan las cuerdas dependiendo de sus intereses. Una renuncia digna resulta preferible.

Existen muchas razones para justificar la adopción de buenas prácticas en la administración pública, en vista de que la República Dominicana no puede ser la excepción ante un mundo cada vez más exigente en materia de transparencia y competitividad.

La implementación de las mejores prácticas en gestión pública constituye la forma más eficaz de evitar el fracaso, y con ello garantizar el éxito gubernamental.

Estas ayudan a minimizar errores, contribuyen a obtener mejores resultados, facilitan el uso óptimo de los recursos disponibles, aportan una buena imagen y suponen un arma infalible que garantiza el éxito a corto, mediano y largo plazo.

En el ámbito del control interno hay que emplear el tiempo que sea necesario en la documentación de los procesos, de manera que sirva de guía en el camino de alcanzar los objetivos y crear el plan de trabajo con las especificaciones, paso por paso.

Esto se tiene que hacer al margen de coyunturas políticas, porque el interés del pueblo dominicano debe ser colocado por encima de los individuales y grupales.

Otra situación es permanecer alerta ante cualquier desviación, siguiendo el marco legal. La atención al detalle representa una cualidad que adorna a los funcionarios de entidades e instituciones de control interno y externo.

Lo cierto es que la República Dominicana que demandan las futuras generaciones no puede estar puesta, en ninguna circunstancia, en cerebros formateados de conformidad con mentalidades liliputienses.