El informe sobre el balance sindical de 2018 tiene varias lecturas.

Entregado recientemente por las confederaciones: Autónoma Sindical Clasista (CASC), Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), el documento ofrece datos demoledores que retratan el sensible momento de pobreza laboral y tributaria que impera en el país.

El dato de la economía informal es altamente impresionante. Y lo es porque en las calles (convertidas en mercados, plazas y talleres de toda índole, al aire libre) hay dos millones 568 mil 932 trabajadores y trabajadoras que cada día se ganan la vida.

Muchos bajo un régimen de horario de autoexplotación, porque son dueños o subempleados en ese crítico sector.

Los números porcentuales establecen que hay un 58.6% que compone la fuerza laboral informal. Y si bien es cierto que esa enorme población queda fuera del Sistema de la Seguridad Social, bajo el desamparo de las leyes laborales, no menos cierto es la incertidumbre familiar en que viven, día a día, reproduciendo un estado de sobrevivencia de mala calidad de vida que los aprisiona y acogota.

El círculo vicioso de esta situación se hace cada vez más dramático. Y sobre todo desde el punto de vista fiscal, ya que la población económicamente activa y formal tiene que aportar parte de su sueldo para pagar planes sociales, el sistema educativo público, y otros servicios que no paga este ejército del mercado informal.

La tarea para corregir esta costosa anomalía es un gran reto, pero las autoridades tienen que dar indicios claros de que habrá una salida a corto plazo.