En este mundo complejo y competitivo, el desarrollo sostenible de un determinado Estado estará marcado por la capacidad que tengan sus recursos humanos de afrontar con probabilidad de éxito los recurrentes retos y desafíos de la postmodernidad.

Todo ello implica contar con niveles de calidad educativa que responda a los estándares internacionales, teniendo como premisa que el aporte de la educación al desarrollo de una determinada sociedad es múltiple y se manifiesta en las dimensiones ética, social, económica, cultural y política.

En ese sentido, resulta indudable que ésta constituye un medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con equidad social, favorecer la democracia mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin exclusiones de ciudadanías, avanzar a mayor ritmo en la denominada sociedad del conocimiento y enriquecer el diálogo entre los sujetos de diferentes culturas y visiones del mundo.

Desafortunadamente, esa no es la realidad de la República Dominicana. Además del problema sistémico en la educación preuniversitaria; y a nivel superior resulta aun más grave.

Actualmente más de medio centenar de centros ostentan el nivel de educación superior, pero con el agravante de que muy pocos responden a los estándares mínimos de calidad exigidos fuera de nuestras fronteras.

Cada año muchos dominicanos se egresan de diversas áreas, sin haber obtenido las habilidades, conocimientos y competencias indispensables para el adecuado desempeño profesional. Muchos, incluso, carecen de las ideas para establecer un diálogo fundamentado en el pensamiento lógico.

Esto significa que la mayoría de nuestras universidades, más que centros de educación, responde a negocios cuyo objetivo primordial consiste en la obtención de beneficios pecuniarios.

Sin duda, esta realidad choca con las pretensiones de la República Dominicana de alcanzar niveles de calidad en la dirección de una educación integral e inclusiva, que incentive pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes y profesionales.

En el ámbito de las autoridades rectoras de la educación, estas son conscientes de la referida realidad. De hecho, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), ha definido como prioritaria una agenda de trabajo que asegure la calidad de la educación superior dominicana.

Se ha planteado la urgente necesidad que tiene el Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de contar con un Subsistema de Aseguramiento de la Calidad, porque es un hecho incuestionable que la calidad constituye uno de los desafíos más trascendentes para para impulsar vigorosamente el desarrollo nacional.

Existe un diseño bien articulado de mecanismos y procesos cualificadores de la formación profesional, y su aplicación rigurosa conforme a normativas, estándares internacionales y protocolos idóneos, respondiendo a criterios de pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad social.

Dichos mecanismos y procesos, con carácter regulatorio y no regulatorio, incluyen las evaluaciones requeridas para autorizar la apertura de instituciones de educación superior y de sus ofertas programáticas, evaluación diagnóstica para el ingreso a la educación superior y el seguimiento al funcionamiento de las instituciones y programas autorizados para asegurar su calidad.

La cuestión está en determinar hasta qué punto existe la plena voluntad para imponer este marco regulatorio a los empresarios que han convertido a muchas universidades en negocios, sin importarle a la rigurosidad académica, ni el futuro del país.

Este desafío hay que asumirlo con determinación, si es que queremos apostar a una nación vigorosa para las próximas décadas, una sociedad más equilibrada, justa, responsable, innovadora y un futuro más alentador y competitivo.

Los intereses particulares jamás pueden ser colocados por encima de los colectivos; desde el mismo momento en que las universidades son asumidas como negocios, esa sociedad estaría comprando un boleto hacia el abismo y el mundo de la ignorancia.