Lamento decirlo, pero al presidente Luis Abinader le están contando la historia como no es. Anteayer, en una reunión con los órganos de seguridad ciudadana, anunció que se apresta a someter en las próximas semanas una reforma al Código Procesal Penal porque, en su opinión, es más garantista que los códigos de los países nórdicos.

Esto implica un yerro y una contradicción. El yerro es que no toma en cuenta que el Código Procesal Penal no hace otra cosa que regular por ley las garantías previstas en la Constitución de la República y los convenios de derechos humanos de los que el país es signatario. Es decir, que es imposible reducir significativamente o desnaturalizar estas garantías sin reformar la Constitución y denunciar esas convenciones internacionales.

Además, algunas de las cosas que señaló, como, por ejemplo, el efecto de la reincidencia en las medidas de coerción, ya están en el Código desde la promulgación de la Ley 10-15 hace ocho años. Todo esto es particularmente chocante si tomamos en cuenta que hace escasas semanas la Defensoría Pública emitió un informe sobre el espantoso estado de las cárceles dominicanas y el abuso de la prisión preventiva en nuestros tribunales.

La contradicción es que sus asesores le están haciendo defender estadísticas sobre disminuciones importantes de la violencia e instándolo a defender también la seguridad del país frente a las alertas emitidas por otros países a sus ciudadanos; pero, al mismo tiempo, le convencen de la importancia de una contrarreforma procesal penal como medio para combatir la creciente delincuencia. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez y es penoso que pongan al presidente en esa posición.

Penoso, pero no sorprendente, toda vez que quienes tienen acceso a la atención del presidente, como por ejemplo el director de la Policía Nacional, están convencidos de que el problema de esa institución se resuelve impidiendo que se alisten hijos de madres solteras. Eso no resiste análisis.

El presidente de la República, como primer mandatario, carga sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Esto lo hace merecedor de mejores consejos. Sus asesores y consejeros comparten esa responsabilidad, porque si no actúan a la altura de las circunstancias dejan al presidente huérfano de respuestas y a la política de seguridad ciudadana despojada de medidas verdaderamente efectivas. ¿Qué esperan?