El Grupo Corripio emprendió la semana pasada una serie de conversaciones con los candidatos presidenciales para las venideras elecciones del 19 de este mes. Aunque con palabras diferentes, conceptualmente no se ha notado la gran diferencia entre los candidatos principales e inclusive en muchos puntos coinciden. Uno de esos puntos son las necesarias reformas requeridas en el país, para adecuaciones a las realidades presentes o para corregir desequilibrios y coyunturas estructurales.

La primera de las reformas nace del continuo déficit fiscal que vive el país a lo largo de los últimos veinte años. Este déficit encuentra sus causas principales en la continua política de subsidios, el crecimiento desmedido de la nómina pública, la enorme superficialidad en cuantiosos gastos y el peso del servicio de la creciente deuda pública. Todo esto acompañado de la muy visible caída en las inversiones públicas requeridas en apoyo del desarrollo y cumplimiento de las demandas ciudadanas.

Los déficits registrados han encontrado su apoyo en la deuda pública como mecanismo de equilibrio presupuestal. Esta creciente deuda ha llegado al punto de que uno de cada cuatro pesos que ingresan a las arcas públicas es utilizado para el pago de intereses, costos de refinanciación y alguna amortización. Dicha deuda, tanto interna como externa, está llegando a niveles de “crowding out” de la inversión privada: esto es desplazando las posibilidades de inversión en proyectos privados.

Uno de los misterios más increíbles del déficit fiscal es el hoyo negro de las distribuidoras eléctricas, objetos de múltiples administradores sin logro alguno más que sus abultadas nóminas y gastos superfluos. Así mismo ha de producirse el necesario cuestionamiento a las múltiples exenciones que plagan todo el sistema tributario, así como la mostrada incapacidad de reducir la informalidad con mejores empleos y un gasto más efectivo.

El camino de las reformas está muy claro y no requiere mayor experticia. Sin un sistema impositivo simplificado y progresivo que apoye una política presupuestaria racional, efectiva y eficiente, no podrá haber reformas adicionales como la del Código de Trabajo o la seguridad social. Sigamos la ruta pautada y no dejemos que aventuras populistas nos distraigan de ese camino.