El nuestro es un país muy singular. Aquí se conocen con nombres y apellidos las personas que abiertamente se dedican a prácticas ilegales y violatorias de las leyes y nada pasa.
Esas actuaciones se realizan, según afirman los propios representantes del Poder Ejecutivo y del Departamento de Persecución de la Corrupción (DPCA), con la complicidad de los órganos responsables de investigar y perseguir dichas conductas.
Peor aún, las autoridades que deben actuar en representación de la sociedad, declaran, implícitamente, que no han asumido su responsabilidad de hacer lo que deben hacer.
Para muestras dos botones.
El director del DPCA reconoce que el 95% de los casos de tráfico de drogas y crimen organizado queda impune, por la corrupción imperante.
El Presidente confirma el dato y ambos atribuyen también dicha situación al sistema de justicia -policías, militares, jueces-, como si estuvieran fuera de dicho engranaje judicial.
A pesar de que la Constitución de la República reconoce en su artículo 44.3 la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones telefónicas, salvo las autorizaciones otorgadas por un juez o autoridad competente, de conformidad con la ley, no tenemos vida privada, pues las intervenciones telefónicas han estado siempre a la orden del día y el Estado no hace nada. Al contrario, los intervinientes despachan diariamente con las autoridades y sus nombres se proclaman a los cuatro vientos.
Esas escuchas telefónicas vulneran el derecho fundamental a la intimidad y son ilegítimas, pues se realizan sin autorización judicial y sin existir investigación penal.
Aun cuando haya un proceso abierto, si el juez las ordena, debe adoptar dicha medida frente a indicios suficientes, que es lo que legitima la limitación de dicho derecho.
Una medida tan grave puede ser tomada por el juez solo cuando tenga un mínimo de certeza sobre la posibilidad de un delito, por lo que si falta la autorización judicial se produce una ausencia absoluta de control judicial de su ejecución.
La impotencia, la complicidad y la falta de acción de las autoridades, frente a la corrupción y el intervencionismo telefónico, son solo muestras de un Estado en descomposición que precisa de cambios urgentes. Si no los hace el Gobierno los hará el pueblo, más temprano que tarde.
