En el mundo del financiamiento de las infraestructuras no existe una definición estricta de lo que se conoce como asociación público privada, también identificada como APP, aunque se entiende que la misma se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del dicho público o infraestructura.

La semana pasada se celebró en el país un fórum referente al mercado de valores, en el cual uno de los temas que se analizaron fue precisamente el de los acuerdos o asociaciones público privadas como alternativa para potenciar el desarrollo del mercado de capitales.

Y la primera afirmación presentada fue que habiendo una experiencia global tan rica en los beneficios de las APP bien ejecutados, República Dominicana es de los muy pocos países de América que aun carece de una legislación que ampare las APP.

Afortunadamente también ahí se anunció que posiblemente en la presente legislación el poder ejecutivo deposite en el congreso un proyecto de ley APP que podría remediar esta situación.

Nuestro país ha preferido el camino de las concesiones, un camino más nublado y gris, para auspiciar, amparar y llevar a cabo la coinversión público privada, e inclusive apelando a instrumentos como el fideicomiso, en vez de una legislación precisa, generalizada, que favorezca la intervención del mercado institucional de capital, con ejecuciones de obras transparentes, y definiciones claras de repago, en base a tarifas o recursos públicos.

República Dominicana está demasiado necesitada de mayores inversiones en infraestructura, sean estas de transporte, energía, salubridad, viviendas, tanto públicas como privadas, y de otras naturaleza, en las cuales el esquema APP es una solución ideal para contribuir a paliar la enorme demanda de infraestructura que tenemos pendiente.