¿Qué hubiera ocurrido con ese niño de diez años si la comunidad de Los Ríos, al norte de la ciudad de Santo Domingo, no hubiera asumido responsablemente su búsqueda tras su extraña y enigmática desaparición?
Sus padres, al notar la inusual ausencia, salieron a buscarlo.

De inmediato se unieron numerosos vecinos. Se organizaron en brigadas y se presentaron casa por casa. Fue cuando tocaron la puerta cerrada de un residente haitiano. No hubo respuesta. Insistieron. Encontraron al niño amarrado de pies y manos. La comunidad reaccionó airada y castigó al secuestrador que apenas salvó la vida.

Menos suerte tuvo el hijo de dos años de la señora Sarah de los Santos, a quien dos atracadores asesinaron a balazos en El Valiente, Boca chica.

“El bebé estaba con el celular viendo sus muñequitos y bebiendo su leche, cuando esos desgraciados pasaron y lo mataron”, nos dice su hermana Argentina.

En una comunidad de la provincia Sánchez Ramírez numerosas personas decidieron darles el frente a funcionarios y candidatos oficiales a posiciones políticas. Los comunitarios no se dejaron sustraer por promesas, gestos de falsa conciliación, vacuos regalos y ofertas personales.

¿Adónde fueron las promesas que ustedes nos hicieron hace cuatro años? ¿Qué hicieron ustedes por nosotros? Lo que sí hemos visto es a usted, su familia y los otros funcionarios vivir como verdaderos príncipes. ¿Y nosotros, qué? ¿Seguir de mal en peor?

No les fue mejor a los aspirantes a posiciones políticas: ¿Cómo piensa llevar a cabo esas propuestas que nos hace? ¿Cómo sabemos que usted no es otro de los que solo vienen en épocas de elecciones y luego se desaparece o no recibe a nadie? La sentencia final fue más que aleccionadora: “Mire, nosotros no vamos a votar ni en primarias ni en elecciones por ustedes. Si quieren nuestro voto, aprendan a cumplir con sus promesas”.

Esto ocurre en el contexto de una situación preelectoral, social, política y económica sumamente delicada. Para muchos, entronizados en el poder, no hay ni el más lejano asomo de cambiar de proceder.

Es el comunicador Emilio Guzmán quien nos recuerda que “al cumplirse cuatro años del suicidio del ingeniero David Rodríguez, agobiado por las deudas y la falta de desembolsos oficiales, persiste la negativa de funcionarios del Gobierno de honrar los pagos a los contratistas”.

Un reporte de Transparencia Internacional afirma que “las autoridades, están haciendo un mal trabajo”. Para el 93 por ciento de los dominicanos “la corrupción gubernamental es un serio problema”.

El peso se devalúa de manera acelerada, los apagones azotan el país, suben los precios de los alimentos y los combustibles, se informa de una escasez de fuel oil con el que se produce el 42 por ciento de la energía eléctrica.
La sequía resulta extenuante, se incrementa la desocupación hotelera y el comercio disminuye sus operaciones.
El ciudadano se queja amargamente por el desorden institucional y la inseguridad en las calles, un problema que el periódico “Hoy” califica como “prioritario”, pese a lo cual “prosigue su crecimiento y expansión”.

El estudio “Reflejo de la Inseguridad ciudadana en el clima de negocios” de los jóvenes empresarios indica que “el 52 por ciento de las empresas encuestadas han sido víctimas de delitos en los últimos cinco años”.

Sin la participación activa y responsable del ciudadano no hay otra opción que la continuidad de este estado de cosas. Participar es el único medio para enfrentar el mal de fondo que nos agobia y ajustar debidamente las cuentas en la sociedad dominicana.