La dinámica del país gira, de un tiempo a este día, en torno a una preocupación económica sectorial; y tiene sentido, ya que dentro de poco se discutirá el Presupuesto Nacional del Estado.

Esa dinámica se caracteriza porque cada sector expone de manera pública sus necesidades. El fenómeno, cada día, se hace más recurrente; y sucede porque no existe un plan de nación.

De ahí que el Gobierno erosiona su responsabilidad constitucional y designa distintas comisiones de diálogo.

No queda un sector donde el Gobierno central no tenga comisiones negociadoras, y todo indica que será la normativa que trace su rumbo en este final de año y el presente cuatrienio.

El factor económico permea de manera transversal todas las mesas de diálogo. No hay un solo sector, sea el energético, la justicia, la salud, el sindical, que no incline la balanza con el tema económico. Un punto muy sensible y propio de cada área que invita el Gobierno a la mesa del diálogo. Tan sensible que normalmente no se trata con la verdadera transparencia que amerita.

¿A dónde nos conduce esta preocupación económica sectorial? ¿Cuál será la solución? Todo indica que será amarga, ya que apunta a cargar más los compromisos del Presupuesto público del año próximo. Un Presupuesto que ya luce comprometido, y que implicará una impresionante responsabilidad tributaria.

Los diálogos son elegantes y necesarios, aportan a soluciones democráticas, pero tienen un sensible costo económico que terminan pagando los contribuyentes.