Ojalá los tribunales se llenen de sentencias contra quienes utilicen los medios de comunicación para dañar a personas e instituciones difundiendo mentiras e insultos o que usan un lenguaje soez u ofensivo.

Quizás así volvamos a adecentar a unos medios que han sido convertidos por muchos en verdaderos paredones morales.

Pero bajo ninguna circunstancia aplaudiremos o guardaremos silencio frente a sentencias que ordenen prisión por delitos de palabras.

Los que por diferencias políticas o ideológicas con un posible afectado aplauden la aberrante decisión de disponer prisión ante una imputación por delito de palabra, deben saber que ellos mismos pueden ser víctimas de lo que hoy les alegra.

La prisión como sanción en estos casos se convierte en una guillotina que pende sobre cualquier ciudadano, pues la libertad de expresión es un derecho universal de todos los ciudadanos, no solo de los que utilizan los medios de comunicación de masas

Hemos abogado y seguimos abogando porque se erradique cualquier posibilidad de prisión en estos delitos, que no implica dejar sin sanción en los casos de daños comprobados, pues para eso están las sanciones civiles.

Usted, amigo lector, revise cada uno de sus comentarios en redes sociales o de manera personal delante de otros, pues probablemente sea pasible de prisión, si aceptamos la lógica esgrimida por la jueza en cuestión.