Los imputados son trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. Foto: Carlos Díaz.
Santo Domingo.- Siete de los imputados del caso Odebrecht están siendo trasladados en estos momentos desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la cárcel modelo de Najayo, donde cumplirán nueve, seis y tres meses de prisión preventiva.
El minibus en que son llevados los imputados es seguido por un amplio contingente policial.
El traslado de los acusados, quienes llevaban 15 días presos en el Palacio de Justicia, se produce luego de tres días de que el juez Francisco Ortega notificará a la Procuraduría las medidas de coerción dispuestas para los acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
El primero que salió del Palacio de Justicia para abordar el autobús fue el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; seguido por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y Víctor Díaz Rúa.
Después salieron el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez y el exdiputado Ruddy González.
El magistrado Francisco Ortega impuso a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga una prisión de nueve meses en la cárcel de Najayo; a Ruddy González, Andrés Bautista y Temístocles Montás, seis meses; César Sánchez y Máximo De Óleo, tres meses de prisión.
Ortega dictó un año de prisión preventiva a Ángel Rondón, que deberá ser cumplido en el penal de La Victoria.
Rondón aún no ha sido trasladado porque la Procuraduría evalúa una solicitud que hicieran sus familiares para que el acusado no sea enviado a ese recinto penitenciario, ya que temen por su integridad física.
Los exfuncionarios están acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht a través del empresario Ángel Rondón. Todos, según la Procuraduría serían parte de una trama corrupta en perjuicio del Estado dominicano.
En el período 2001-2014 a la empresa Odebrecht le fueron adjudicados 17 contratos para la construcción de obras de infraestructuras por un valor superior a los US$5,000 millones. La empresa admitió que pagó sobornos por US$92 millones a funcionarios y legisladores a cambio de que le facilitaran la obtención de los referidos contratos.
El juez también estableció prisión domiciliaria por nueve meses a los acusados Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández, quienes fueron trasladados a sus casas el pasado viernes.
En tanto que fue impuesto el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos a los senadores Julio César Valentíny Tommy Galán, así como al diputado Alfredo Pacheco. Sin embargo, el Congreso Nacional todavía no ha decidido despojarlos de la inmunidad parlamentaria.
