Santo Domingo.-El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó ayer como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.

Dijo que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Reiteró que lo anunció el día en que fueron arrestados los implicados preliminares en este condenable hecho, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.

“Esta es solo la primera fase de este proceso.

El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.

Al referirse a los abogados de la defensa, el funcionario dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.

Rodríguez destacó que por eso en su alocución del lunes 29 de mayo le pidió al país que no se dejara confundir, porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público.

La Procuraduría le atribuye a los imputados haber violado varios artículos de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier; la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milcíades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez y Luis Alberto González Reyes, así como por Wagner Cubilete García.