1. El Foro de Juristas por la Democracia Constitucional requirió la semana pasada al Presidente de la República, como autoridad suprema, el Procurador General de la República como encargado de implementar la política de investigación y persecución penal, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como representante del Poder Judicial, instruyan al Jefe de la Policía Nacional, al Director Nacional de Control de Drogas, los militares y policías someterse a la obediencia del poder civil que estos han desbordado en los últimos meses, haciendo criticas publicas y denuestos contra los jueces y el Ministerio Público, acusándoles de deficientes y complacientes con la delincuencia que azota la sociedad dominicana.
2. La crítica de la Policía y algunos órganos de investigación contra la Justicia y el Ministerio Público es constante y sistemática. En el mes de octubre de 2013 el Jefe de la Policía declaró que mientras esa institución “hace su trabajo de apresar a quienes infringen la ley, el Ministerio Publico los suelta sin ton ni son, razones por las cuales su trabajo se ve afectado de forma directa por la inercia de fiscales y jueces, no solo del nordeste, sino también de la República Dominicana”.
3. El mes pasado un juez fue increpado por un sargento de la DNCD en el aeropuerto de Las Américas cuando se aprestaba a viajar a Salamanca-España junto a otros jueces, fiscales, abogados y académicos, por parecerle sospechoso, cuando era sabido que se trataba de un intento de humillación por un caso que este había decidido en esos días.
4. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia impulsó este mes una Mesa de Entendimiento por la Justicia Penal, pero unos días después el Jefe de la Policía dijo que “el Ministerio Publico y los jueces no cumplen su rol porque han puesto en libertad 20 mil delincuentes que había apresado”, el director de la DNCD afirmó que “están cansados de apresar narcotraficantes que luego son dejados en libertad” y el Director de Prisiones que también es militar, pero subalterno del Procurador General, denunció que “los delincuentes vuelven a la cárcel hasta quince veces”, lo que también es una crítica solapada para evadir el fracaso de las prisiones tradicionales en la rehabilitación de los internos, sindicando a la Justicia el mal de un sistema penitenciario inoperante.
5. La situación se ha tomado de tal magnitud que el Senado de la República, por iniciativa de Adriano Sánchez Roa, en mayo pasado designó una Comisión Especial que preside el senador Carlos Castillo “para establecer las causas de las contradicciones imperantes entre los actores vinculados a la investigación, persecución y sanción del crimen y el delito, ante el aumento de la violencia y la criminalidad en el país”.
6. Los principales medios de comunicación impresa han hecho editoriales clamando por la coordinación entre los actores del sistema de justicia, que es desdeñada por las críticas públicas a los jueces y a los fiscales, y recordando a la Policía y las demás agencias de investigación que deben ajustar sus actuaciones al Estado Democrático de Derecho Constitucional.
7. El Procurador General de la República es el responsable de dirigir la política criminal del Estado y en esa función la Policía y los militares tienen que sujetarse a sus instrucciones, las que son desacatadas cuando este les prohibió dar declaraciones públicas identificando a los sospechosos, lo que ha inducido a múltiples errores que luego han tenido que retractarse poniendo en juego la honra y en peligro la vida de ciudadanos que nada tenían que ver con los casos señalados.
8. La República dominicana no es un Estado oolicial, es un Estado democrático en que los militares y los policías se rigen por el mandato constitucional que les prohíbe deliberar, les ordena obedecer sus superiores, les impide opinar y difundir informaciones sobre investigaciones penales en curso.
9. El Presidente sabe que esa actitud hostil debilita la coordinación para confrontar la delincuencia y la criminalidad cada vez más violenta, afecta la prevención, investigación y persecución penal, deslegitima la Justicia ante la sociedad, y desmonta sus planes por la seguridad ciudadana y la paz social, restando credibilidad al sistema democrático que sienta raíces en el país.
10. La democracia no se predica, se practica, el estado policial ya pasó, hay que tomarse la Constitución en serio, porque este mundo ya giró.
