Las implicaciones jurídicas que tendría la aprobación de una ley de partidos políticos con un padrón abierto para elegir sus candidatos, como lo demanda el grupo del poder en el Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, deben dilucidarla los abogados.

Para nosotros los del común, el asunto es menos teórico y mucho más terrenal. Un partido es una institución con su propio carácter, sus propios fines y su propia autonomía.

Es el que debe tomar sus decisiones y más si se trata de elegir sus directivos y, mucho más aún, seleccionar los candidatos que van a representarlo en un torneo electoral.

Lo más justo, lo más lógico y razonable es que sean los hombres y mujeres del partido los que ejerzan el derecho que los estatutos les asignan y hagan libremente su elección.

Tal vez eso de decir que el pueblo es soberano y debe participar en la vida interna y las altas decisiones de las fuerzas políticas tenga validez en otros países.

Pero como andan las cosas de un tiempo a esta parte en nuestro medio político, abrir el padrón y darle libertad a los de fuera a que participen de la elección es abrirle las puertas al partido que tenga más dinero, que en nuestro país es siempre el que controla el poder, para que elija los candidatos suyos y también los de las otras fuerzas, incluyendo las que les son contrarias.

No por casualidad es el poderoso sector que dentro del PLD está alineado con el presidente de la República el más cerrado partidario de la elección con el padrón abierto.

Y peor aún. Aquí circula mucho dinero de mala procedencia y como el dinero derriba tantas barreras, ablanda voluntades y compra simpatías, también se ha demostrado que sirve para comprar votos y decidir elecciones. En eso las pruebas son abundantes y son recientes.

Quién quita entonces, que algún sinvergüenza, pero adinerado, se valga de su poder económico y haga elegir a alguien que desde el cargo que ocupe trabaje para quien le ha servido de fuente de financiamiento.

En estos tiempos los inventos no son buenos y lo mejor sería dejar que, bajo supervisión del Tribunal Electoral, por supuesto, cada partido solucione sus propios problemas y que el votante juzgue a cada quien y tome libremente su propia decisión.