A sólo ocho años de la crisis política hondureña generada el 28 de junio del año 2009 por el golpe de Estado al entonces Presidente Manuel Zelaya, ese país vuelve a sumergirse en una crisis de impredecibles consecuencias debido a que sus líderes políticos, por apetencias particulares, toman líneas equivocadas y someten al país a un desbarajuste político y económico, tandañino, que se transforma en caos e intranquilidad para los ciudadanos; y este caos de nuevo pone en peligro la estabilidad social de Honduras, olvidando ese liderazgo político que, como actores principales de la disputa post-electoral, todos tienen el deber de velar por paz y la tranquilidad, debiendo garantizar la estabilidad política y social para que las fuerzas productivas no colapsen y el sistema económico hondureña sobreviva a sus ambiciones de poder.

Este lunes 4 de diciembre de 2017, una semana después de celebrarse las elecciones en la República de Honduras, el Tribunal Supremo Electoral (TSA) concluyó con el conteo de los votos y procedió a emitir los resultados de las actas, resultados que están a favor del candidato Juan Orlando Hernández, del partido nacionalista de gobierno, con 1,411,517 (un millón cuatrocientos once mil quinientos diecisiete), equivalente al 42.98% de los votos válidos, mientras su contrincante, Salvador Nasralla,de la Alianza de Oposición, obtuvo 1,359,170 votos, para un 41.39% de los votos válidos, donde la diferencia ha sido de apenas 52,333 votos, lo que indica que los resultados fueron muy cerrados, y como se han producido muchos cuestionamientos por situaciones extrañas ocurridas durante el proceso de conteo de votos, especialmente por la interrupción del servicio eléctrico en medio del conteo, y por los abruptos cambios de resultados luego del restablecimiento del servicio eléctrico, la oposición debe analizar el proceso con inteligencia y con cabeza fría,proceder con las impugnaciones reglamentarias ante el TSE, como lo estable la ley y como lo manda el sentido común, calculando bien los pasos a seguir para que todo le pueda salir bien.

Y aunque el cotejo de las más de cinco mil actas impugnadas aún no comienza, ya los reclamos por parte de la oposición se expresan en forma de acusación de fraude al Partido Nacionalista, evidenciando que la desesperación, el enojo, las ansias del poder, la intolerancia y la maldad, son propias del ser humano cuando no acepta su derrota, o cuando cree, como en este caso, que se cuece una victoria mediante el uso de malas artes, por lo que la violencia, el dolor,las muertes,la destrucción y las grandes pérdidas económicas asoman en el horizonte hondureño.

La Alianza de Oposición también acusa a los cuerpos de seguridad del Estado por el desorden en que se encuentra el país, siendo inconcebible, y muy preocupante, que al día de hoy Honduras se encuentre en una crisis política donde el principal cuestionamiento sea la falta de institucionalidad y la pérdida de la credibilidad en los procesos electorales.

Y es en este espejo en el que América Latina debe mirarse, pues la principal causa del problema radica en que quienes están en la oposición quieren tener acceso al poder para administrar los recursos económicos del Estado, mientras quienes están en el poder no quieren salir del poder por no dejar de administrar los recursos económicos del Estado, lucha que demuestra que para muchos políticos lo único que importa son sus intereses económicos particulares y grupales, mientras el respeto por ley y el orden, así como las políticas públicas que garanticen el crecimiento económico y la mejoría de los servicios básicos, están totalmente ausentes, cuando en realidad debían ser el norte de nuestros políticos y de nuestras naciones, aunque albergamos la esperanza de que ha de llegar el  tiempo en que no haya privilegios para los gobernantes y que el temor a las consecuencias obligue al respeto al ordenamiento jurídico.

Mientras tanto, los actores políticos y la sociedad civil de la República Dominicana deben mirar ese caos que en parte es también consecuencia de una mala decisión del Tribunal Supremo de Honduras, por lo que las Altas Cortes y la Junta Central Electoral de la República Dominicana deben observar la triste realidad de Honduras, siendo necesario que sus integrantes se ocupen de temas tan importantes como: construir credibilidad y fortaleza institucional y no empezar a delegar las atribuciones que les confiere la ley, y así evitar que mañana nos veamos en una crisis política por falta de institucionalidad, por ineptitud arbitral, y por ambición desmedida de actores políticos desconectados de la sociedad.