La controversia surgida a lo interno del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a raíz de la celebración de elecciones para la renovación de la directiva, ha colocado al Tribunal Superior Electoral en el centro del debate político, cuyas ondas expansivas han llegado a cuestionar la imparcialidad y la credibilidad que deben rodear sus actuaciones.

El órgano que, a partir de su creación en el 2010, funge de autoridad judicial competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso-electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, se asumió competente en el conocimiento de una demanda incoada por una de las partes en conflicto.

En el fallo sobre la misma ordenó al Colegio de Abogados, a través de la Comisión Electoral, realizar un nuevo recuento de los votos emitidos en las elecciones del 2 de diciembre de 2023 y anuló la proclamación de Trajano Vidal Potentini como ganador de dichos comicios.

Ante esta situación, la facción afectada presentó un recurso de revisión constitucional contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral. En adición han surgido cuestionamientos a la imparcialidad que debe observar un órgano de esa naturaleza, vinculándolo con el oficialismo.

Muchos se han preguntado acerca de si había la necesidad de intervenir en una cuestión que no figura en la Constitución de la República ni en la Ley 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral; sino solamente en el Reglamento Contencioso Electoral.

Esto no es sano para la democracia, porque la confianza y la credibilidad constituyen elementos que han de acompañar a todas las entidades que juegan un rol arbitral, sobre todo el caso de los actuales magistrados del Tribunal Superior Electoral que tienen por delante dirimir los diferendos que surjan en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de este año.

La sociedad espera que se actúe con la debida responsabilidad e independencia para la culminación de unos comicios diáfanos y que arrojen resultados incuestionables.

El propósito consiste en que se mida con la misma vara a todo el mundo, incluyendo a los que creen que son los que pagan la cena.

Nuestra democracia, aún defectuosa, se debe cuidar y fortalecer. Robert Dahl, quien fuera profesor de ciencias políticas en la Universidad de Yale, dijo que esta forma de gobierno puede ser inventada y reinventada de manera independiente y donde quiera que se den las condiciones adecuadas; tal el caso de la República Dominicana.

Existe una conocida narración que da cuenta que Pompeya, quien se casó con Julio César en el año 68 a. C., acogió en la residencia oficial las fiestas de la Bona Dea, que significa la Buena Diosa, una tradición vinculada a la fertilidad humana, a la cual estaba prohibida toda presencia masculina.

Sin embargo, un joven “popis” de esos tiempos, Publio Clodio Pulcro, logró introducirse, disfrazado de mujer, con el aparente propósito de seducir a la esposa del César, por lo que fue perseguido y llevado a juicio luego de que se le desenmascarara.

César no aportó ninguna prueba contra Clodio durante el juicio, y este fue absuelto. No obstante, se divorció de Pompeya, aduciendo: “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha”.

Esta cita ha circulado a través de la historia bajo la forma de que “La esposa de César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”.

Quizá sea útil para el Tribunal Superior Electoral, al menos un recordatorio, que resulta también fundamental parecer la honestidad; pero antes hay que generar confianza y credibilidad.