La calidad de la justicia que tendrá el país será en función del presupuesto que reciba, finalmente, la Suprema Corte de Justicia.

Así podemos traducir las palabras del presidente de ese alto organismo judicial, cuando plantea que se necesita el doble de lo que actualmente tiene asignado para trabajar.

En otras palabras, el país tendrá la justicia que pague el nuevo presupuesto. De acuerdo al insignificante aumento que recibió, no habrá más jueces de Paz ni más abogados, menos secretarias y poco o igual material gastable. Además, la Procuraduría Fiscal que funciona en la provincia Santo Domingo en un furgón, seguirá igual.

De manera que si el presupuesto limita la ejecución de la justicia, podemos colegir que desde ya contaremos con una Suprema Corte de Justicia que no logrará cabalmente sus objetivos.

Pocas instituciones reflejan un aumento significativo en el Presupuesto, salvo las carteras que están amparadas por acuerdos electorales que firmó el presidente Medina, como el caso de Educación.

Hubo aumento para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y se incrementó también el de Defensa.

En cambio, otras áreas, como Salud, tendrán que trabajar con un presupuesto modestamente mejorado, pero que no se corresponde con las demandas del país.

Sin embargo, se nota un desequilibrio en la distribución de los recursos insuficientes.

Al Congreso Nacional, con sus barrilitos y regalos clientelares, le han sido asignados más fondos que al Poder Judicial. Un verdadero absurdo.

Tirar fondos en un barrilito en vez de apoyar las mejoras en el aparato judicial habla muy mal de nuestra escala de prioridades.