Santo Domingo.-La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) lamentó que a pesar de los esfuerzos por la transparencia en esferas del Gobierno, todavía hay instituciones públicas autónomas muy rezagadas en esa materia que se resisten al escrutinio de sus operaciones.

Asimismo, la organización empresarial lanzó una alerta ante las compras gubernamentales bajo declaraciones de urgencia, procesos que –a su juicio- “se están convirtiendo en un relajo para perjudicar a los suplidores más pequeños que participan en los concursos”.

La AEIH también expresó preocupación porque bajo la sombrilla de la autonomía se llevan a cabo licitaciones para la adquisión de bienes y servicios con unos pliegos de condiciones que sólo fluyen en círculos cerrados, sin información transparente.

El presidente de la organización, Víctor Castro, consideró penoso que funcionarios de entidades autónomas usen todo tipo de subterfugios para bloquear la rendición de cuentas y la fiscalización, como si se tratase de la protección  de un feudo plagado de intereses personales.

“¿Por qué le tenemos miedo a la transparencia? ¿Cuál es la fobia que algunas instituciones  autónomas del Estado tienen a ser transparentes, a mostrar sus operaciones y a plantear ante el público cómo hacen sus compras y manejan sus finanzas?”, se preguntó el dirigente empresarial.

Castro invitó a la sociedad a empoderarse para exigir la revisión crítica de las autonomías de instituciones del Estado, modelo bajo el cual se cometen a veces “barbaridades financieras” y se establecen sueldos y compensaciones que ofenden a un país en el que la mayoría de los salarios mensuales no pasan de RD$10,000.

Expresó que la autonomía tiene sentido cuando se trata de organizaciones estatales que hacen aportes reales a la institucionalidad y al espiritu de servicio. “No podemos ser autónomos para hacer lo que nos de la gana, para compensarnos con los salarios que nos de la gana y violar las leyes sin conscuencias”, subrayó el presidente de la AEIH.

Dijo que lo peor es que algunas instituciones arman falsos argumentos, supuestamente con base en la Constitución de la República para impedir la fiscalización de sus operaciones.

“No es justo ni razonable que los contribuyentes no podamos saber qué ocurre con los recursos públicos detrás de algunas paredes de oscurantismo protegidas por la figura de la autonomía”, subrayó.