EL DÍA favorece que se permita a los inmigrantes ilegales, fundamentalmente haitianos, completar el proceso que iniciaron para acogerse al Plan Nacional de Regularización, pues en la mayoría de los casos no han sido ellos los principales responsables del rezago.
Tampoco lo han sido las autoridades dominicanas, que implementaron un plan gratuito para beneficiarlos, pero costoso para las finanzas públicas.
Una eventual prórroga, la cual EL DÍA apoyaría, debe venir acompañada de un compromiso de Haití, la Unión Europea, el PNUD y la irresponsable comunidad internacional de que sin dilación se dotará de la documentación oficial de identidad a quienes lo requieran.
También debe hacerse acompañar de la firme determinación por parte de las autoridades dominicanas de que aplicarán con rigor las leyes migratorias.
Las dos prórrogas del Plan de Regularización concedidas en el pasado han sido infructuosas, pues no respondían a ninguna estrategia.
El Plan de Regularización, parido por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, es un modelo a nivel mundial de solidaridad con los inmigrantes. Sin embargo, pareciera que solo les interesa a las autoridades dominicanas.
El Gobierno haitiano ha actuado, como de costumbre, con gran irresponsabilidad y negligencia frente a sus ciudadanos, pues no ha dotado de documentos de identidad a la mayoría de los que lo han requerido.
Entonces, se le debe exigir que asuma formalmente su responsabilidad frente a sus ciudadanos para que sean dotados de los documentos de identidad.
De lo contrario, una prórroga del Plan Nacional de Regularización no tendría sentido.
