SANTO DOMINGO.- Las familias Guzmán Silverio, Guzmán Sánchez y Ortiz aclararon  que no recibieron  el pago por la expropiación de RD$243 millones que en 2004 ordenara el entonces presidente Hipólito Mejía en los terrenos del Parque Nacional Valle Nuevo.

Dijeron que en varias ocasiones han solicitado un dialogo sobre el tema con el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito y las demás autoridades y que en ninguno de los casos ha habido respuesta.

«Primero el 31 de agosto, de manera verbal en una visita a Valle Nuevo y luego el 2 de septiembre, 18 de octubre y 10 de noviembre en misivas enviadas a su Despacho, a las cuales anexamos copias de los títulos de propiedad de los terrenos que pertenecen a la familia Guzmán Silverio y de los otros descendientes, que aún a la fecha no han sido compensados», afirmaron en un comunicado.

A continuación el documento íntegro de la familia Abreu:

Comunicado a la opinión pública nacional

Queremos informar a la opinión pública nacional con relación a las noticias que desde finales del año pasado han estado circulando, especialmente en lo referente al pago que realizara el ex presidente Hipólito Mejía sobre terrenos en Valle Nuevo y especialmente a propósito de los intentos de descrédito a nuestra familia por parte del Ministro de Medio Ambiente.

Hemos sido consecuentes y hemos esperado un plazo prudente para que el Ministerio de Medio Ambiente, se siente en la mesa de negociación junto a nosotros, pero su negativa, nos hace seguir acudiendo a todas las instancias necesarias para lograr que se respete nuestro derecho de propiedad y se limpie el nombre de nuestra Familia, contra el cual se ha dicho toda clase de improperios.

Es importante que la opinión pública conozca, y a quienes así lo deseen, visiten nuestra propiedad, para que puedan ver con sus propios ojos, la forma en la que nos conducimos y a empaparse a través de este medio, sobre los detalles de nuestros derechos como propietarios.

Recordamos que José Delio Guzmán Domínguez, nuestro abuelo, adquirió unas Trescientas mil (300,000) tareas en el área de Valle Nuevo en el año 1956. Sus descendientes directos  son dieciocho  (18) hijos, ocho (8) de los cuales corresponden a los apellidos Guzmán Silverio, siete (7) Guzmán Abreu, una Guzmán Sánchez y dos sin el apellido Guzmán, con el solo apellido  de la madre; Delia Josefina Ortiz y José Delio Ortiz.

A través de un acuerdo amigable, los descendientes se dividieron los derechos de propiedad en grupos de 7 y 11. Y en efecto, la familia Guzmán Abreu, compuesta por siete (7) hijos directos de José Delio Guzmán Domínguez, fue compensada por la parte de sus derechos en los  terrenos de Valle Nuevo, por el entonces ex-Presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía; quedando pendientes de pago la proporción de once (11) de los descendientes directos; los Guzmán Silverio; la Guzmán Sánchez y los apellidos Ortiz.

Esos terrenos en ese momento estaban a nombre de Compañías, los detalles de su transacción no lo conocemos, porque no fuimos parte de la misma.

En días recientes ante el manejo que ha tenido el Señor Ministro de Medio Ambiente, haciendo creer ante la opinión pública que hubo el PAGO a UNA PARTE de la familia GUZMAN, representa el TOTAL DE LA MISMA, nosotros los Guzmán Silverio; Guzmán Sánchez y Ortiz, hemos  solicitado un diálogo con él y las autoridades, sin ningún tipo de resultado.

Primero el 31 de agosto, de manera verbal en una visita a Valle Nuevo y luego el 2 de septiembre, 18 de octubre y 10 de noviembre en misivas enviadas a su Despacho, a las cuales anexamos copias de los títulos de propiedad de los terrenos que pertenecen a la familia Guzmán Silverio y de los otros descendientes, que aún a la fecha no han sido compensados.

La falta de respuesta, nos ha hecho proceder a notificar mediante acto de alguacil los mismos documentos en fecha  26 de diciembre recién pasado.  Nosotros seguiremos aclarando que no formamos parte de la transacción de nuestros hermanos Guzmán Abreu, por lo tanto no hemos recibido pago alguno.

También se le ha solicitado abiertamente a través de los medios de comunicación un diálogo, en ninguno de los casos ha habido respuesta.

Tenemos el temor de que se quiera seguir presentando a nuestra familia como usurpadora de derechos, cuando es a nuestra familia a quienes se nos están violando los derechos, toda vez que para la parte restante de la Familia Guzmán Silverio y otros; NO se ha cumplido con lo que estable la Constitución de la República Dominicana: Artículo 51,  numerales 1 y 2, dice de forma textual: “Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.”

1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;

2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada.

Este Derecho de propiedad que  poseemos desde 1956,  es anterior a todas las declaratorias de zona protegida. Así que nosotros seguiremos agotando todos los procesos necesarios para que sean reconocidos nuestros derechos de propiedad y pagados como establece la Constitución de la República Dominicana.

Firman:

Delia Josefina Ortiz

José Delio Ares Guzmán

José Delio Guzmán

Gustavo Guzmán

Rosa Guzmán de Higgins

La carta que le dirigieron al presidente Danilo Medina

03 de enero de 2016

Santo Domingo, D. N.

Lic. Danilo Medina

Presidente de la República

Palacio Nacional.-

Excelentísimo señor Presidente de la República:

Plácenos saludarle y desearle un venturoso año 2017 junto a su familiay a todo el pueblo dominicano.

Permítanos disponer de su ocupado tiempo para compartir algunas inquietudes en nuestra condición de propietarios legítimos y legales de aproximadamente 395 mil tareas de terrenos ubicados en Valle Nuevo, avaladas en sus respectivos títulos de propiedad.

Nuestro interés de contactarloresponde a que hasta el momento han fracasado las gestiones encaminadas para dialogar con el Ministro de Medio Ambiente sobre la Resolución 14-2016 que nos emplaza a abandonar nuestros terrenos e inversiones en ValleNuevo a más tardar a finales de enero, sin que se nos ofrezca ninguna alternativa, tal como lo consagra el Estado de Derecho y la propia Constitución.

Señor Presidente, si bien es cierto que nuestras propiedades han sido declaradas parque nacional atendiendo a un alto interés del país, también lo es que la Ley de Medio Ambiente 64-00,  es precisa en indicar que cuando se declare área protegida una propiedad privada, el Estado debe declararla de utilidad pública y adquirirla a través de compra o permuta.

También la Constitución de la República en su artículo 51 establece que “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley”.

Nosotros somos firmes aliados de la conservación y protección de los recursos naturalesdeValle Nuevo, y hemos apoyado todas las iniciativas trazadas por las autoridades para garantizar la integridad de este importante patrimonio nacional.

Por lo tanto, consideramos injustificable que se recurra a posiciones extremas o soluciones de fuerza antes de agotar los recursos del diálogo y aplicar los procedimientos que de manera clara y taxativa establecen nuestras leyes para resolver conflictos de esta naturaleza, porque en un Estado democrático de derecho nunca ha sido una opción aceptable la excusa de violar la ley para aplicar la ley.Actuaciones de este tipo, en vez de fortalecer los procesos de ley, los debilita y con mucha frecuencia termina por abortarlos.

Podemos compartir con usted un simple ejemplo del camino errado que se transita. La Ley 107-13 de Administración Pública y Procedimiento Administrativo establece que “los efectos de los “planes” o de las resoluciones de contenido normativo se verifican una vez sean publicadas de manera íntegra en un periódico de circulación nacional”. La Resolución 14-2016 sobre Valle Nuevo se publicó el 9 de noviembre y se intenta aplicar a “rajatabla” a partir del 20 de enero, cuando solo se han cumplido 58 días (al 5 de enero) de los 120 que da la resolución. ¿Qué se resuelve en Valle Nuevo con este comportamiento? ¿Por qué utilizar la fuerza del poder y no el poder de la razón?

Además, el Ministerio omitió el procedimiento de consulta pública, que según el artículo 30 de la Ley 107-13, tiene como objeto “que la Administración Pública obtenga la información necesaria para su aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los interesados y el público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados y promoviendo el derecho fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena gobernanza democrática.”

Ante estas y otras incongruencias, y al no tener respuesta a las peticiones de diálogo, algunos de los firmantes han acudido a los tribunales para reclamar el cumplimiento de esas normas. ¿De qué manera puede justificarse que sea necesario un desconocimiento grosero de la ley para viabilizar el pregonado objetivo de salvar a Valle Nuevo?

De mayor gravedad aún, es el desconocimiento de actos administrativos emanadosdel Ministerio de Medio Ambiente, que autorizan a propietarios con sus respectivos títulos a cultivos específicos en sus tierras cumpliendo estándares dictados por el propio Ministerio, en un hecho que atenta contra el clima de confianza para la inversión privada  ante el cambio inesperado  de  las reglas de juego que rigen la actividad económica y productiva en el país.

Esto sumado al desconocimiento o desestimación de las opiniones y recomendaciones de sus propios técnicos que trabajan desde hace varios años para alcanzar un mejor manejo de la actividad agropecuaria dentro del Parque, logrando la contención de la frontera agrícola en diversas áreas y la reforestación de otras que eran dedicadas a cultivos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha optado por la acción drástica y dice lo que no se puede hacer, pero nunca nos ha dicho lo que sí podemos hacer en nuestros terrenos, aun sabiendo que las tierras son de nuestra legítima propiedad y que nos amparan derechos legales consagrados en la Constitución y las leyes que podríamos ejercer.

Se ha llegado tan lejos en esa vocación de desconocimiento del derecho de propiedad y de la ilegal expropiación pura y simple de las tierras, que se nos dice a través de los medios de comunicación, que debemos pagar un impuesto “alto” por usar una porción mínima de los terrenos que aún nos pertenecen para tener casas campestres u operar proyectos ecoturísticos de muy poca densidad y bajo impacto que tienen años en funcionamiento y sus prácticas compatibles con el medio ambiente han merecido reconocimiento local e internacional.

Nos alarma que el Ministerio de Medio Ambiente no quiera dialogar sobre este tema y que asuma una posición que no logramos entender, presentarnos ante la sociedad como villanos y desacreditarnos para lograr una validación de la opinión pública a sus acciones, como si tener un título de propiedad adquirido legítimamente de una extensión grande de terreno fuese un delito. Esta posición se agrava aún más, cuando todo lo que se ha hecho en nuestros terrenos desde la declaración de parque nacional en 1996 ha sido consensuado con esa dependencia gubernamental.

Como la concertación es más productiva que la confrontación, solicitamos un diálogo para presentar nuestras propuestas que se pueden resumir de la manera siguiente:

• Iniciar trámites para permutar los terrenos de aquellos propietarios que así lo consideren.
• Indicar a los demás propietarios cuáles opciones tenemos para disfrutar de nuestras propiedades, hasta tanto el Estado esté en condiciones de adquirir los terrenos según manda la ley.

Estamos convencidos de que en lugar de optar por una política de tierra arrasada, debemos sentarnos a dialogar y concertar soluciones que garanticen la conservación de Valle Nuevo, pero que a la vez permitan a los propietarios obtener beneficios de sus tierras, sobre todo considerando la escasez de recursos a la que se enfrenta el gobierno y que imposibilitaría la adecuada compensación que manda la ley.

Nosotros podemos afirmar que históricamente hemos cuidado de Valle Nuevo y eso lo demuestran las grandes extensiones de bosque que forman nuestras propiedades. Eso nos lleva a decir que con realismo y buena voluntad podemos concertar soluciones para garantizar la conservación del área protegida, siendo nosotros en ese escenario, los guardianes más celosos del bosque que lo que pueden llegar a ser los organismos públicos sin estructura adecuada para cumplir esa misión.

Reiterándole nuestra petición para que su intervención propicie el debido diálogo que se requiere para lograr las medidas necesarias para preservar Valle Nuevo al tiempo que se respetan los derechos de todos los involucrados, nos despedimos.