El tratado de extradición firmado entre la República Dominicana y Estados Unidos se concibió como un mecanismo para evitar que el crimen transnacional quedara impune.

En los últimos 30 años se había transformado en un disuasivo para los narcotraficantes ante la posibilidad de tener que enfrentarse a un sistema judicial menos vulnerable, como el estadounidense, y cumplir penas en cárceles donde no podrían disfrutar de privilegios.

Sin embargo, la actitud egoísta y, en cierta medida, hasta desconsiderada, de la contraparte dominicana en el citado acuerdo ha convertido el mecanismo de extradición en un puente para obtener penas leves y preservar inmensas fortunas.

¿Qué está pasando?

Los grandes narcotraficantes dominicanos son extraditados a Estados Unidos y allí negocian lo que les interesa a las autoridades de ese país.

Para detener a un delincuente de mucho interés para Estados Unidos están dejando en libertad y “bañados en dinero” a los grandes capos dominicanos.

La situación resulta más preocupante si se toma en cuenta que para extraditar a un dominicano a Estados Unidos las autoridades judiciales dominicanas tienen que desinteresarse de todos los casos abiertos en el país y por lo tanto ese nacional no podrá ser juzgado en el futuro por los mismos crímenes.

Hay varias fórmulas para corregir esa barbaridad y deben aplicarse de inmediato.

Para ello se requiere un nuevo tratado de extradición y una nueva ley de extradición.

Mientras tanto, juzguemos a nuestros delincuentes en territorio nacional para asegurarnos de que se obre en defensa de la sociedad dominicana.