Las informaciones procedentes del municipio de Jarabacoa indican que allí se ha incrementado la irracionalidad de intercambiar pinos por votos en el actual proceso electoral, la cual se oculta bajo la modalidad, aparentemente legal, de planes de manejo del bosque, y esa mala práctica forestal está eliminando las escasas reservas de Pinus occidentalis y Pinus caribaea que todavía quedan en la cordillera Central, con la cual se elimina la posibilidad de mantener un denso bosque de pináceas con capacidad reproductora de esas importantes especies, además de que la eliminación del bosque reducirá significativamente los caudales de los ríos Yaque del Norte, Jimenoa y Bao, poniendo en peligro el futuro abastecimiento de agua potable para Jarabacoa, Santiago, Moca y los pueblos de la línea Noroeste.

En los últimos días importantes personalidades del municipio de Jarabacoa, como el actual subsecretario de trabajo, Pedro Rodríguez, el ex síndico municipal Ramón Ureña Torres y el reconocido experto forestal Daniel Jiménez, entre muchos otros distinguidos munícipes de Jarabacoa, han expresado su profunda preocupación por la gran cantidad de patanas que diariamente se desplazan desde Manabao hasta Jarabacoa, donde hay instalados unos 20 aserraderos y sinfines autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente bajo la modalidad de planes de manejo, pero dichos planes sólo implican el corte desmedido de pinos, pero no incluyen la siembra de 10 pinos nuevos por cada pino cortado, como debía ser para garantizar una adecuada repoblación forestal, no obstante disponer de dos viveros forestales, uno en Manabao y otro en Jimenoa.

Debemos recordar que para principios del pasado siglo XX nuestro territorio disponía de un 80% de cobertura forestal, pero la multiplicación de la explotación comercial de los bosques, a través de los grandes aserraderos, especialmente en la era de Trujillo, eliminó nuestros bosques, y gracias a un amplio estudio realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el periodo 1964-1966, donde se presentaba el estado de los recursos naturales del país y se establecía que sólo quedaba cerca de un 15% de cobertura forestal, el Presidente Joaquín Balaguer dispuso administrativamente en el año 1966 la prohibición total de los aserraderos y ello permitió que la cobertura forestal hoy se acerque a un 30%, pero si continuamos esta práctica perniciosa de cortar desmedidamente los bosques, en tiempos de campaña política, terminaremos convirtiendo a nuestro territorio en un desierto y lo lamentaremos.

Es por ello que la comunidad de Jarabacoa, la comunidad de Santiago, la comunidad de Moca y todo el país, deben estar alertas ante esta terrible acción de depredación forestal que pone en peligro nuestros bosques, nuestras aguas del acueducto Cibao Central que se abastece de las presas de Tavera y Bao, nuestra salud ambiental, nuestra producción agrícola, nuestra producción de energía hidroeléctrica limpia y barata y nuestra supervivencia como sociedad, ya que la protección del bosque debe estar por encima de todos los partidos políticos, debe estar por encima de las ambiciones personales y debe estar por encima de cualquier funcionario público que autorice esta depredación o que se haga indiferente ante este grave daño ambiental y social que todos debemos rechazar.

Los dominicanos hemos visto que desde el paso del huracán Georges, en septiembre de 1998, las autoridades forestales, y posteriormente la Secretaría de Medio Ambiente, han estado autorizando permisos para manejo de bosques, pero tales permisos han sido politizados y terminan  siendo actividades comerciales personales que depredan los bosques naturales y ponen en peligro la salud forestal, hídrica y ambiental de todo el territorio nacional, y es injusto que para beneficiar a unos pocos políticos afines a un determinado gobierno de turno, y para ganar votos electorales, pongamos en peligro el interés de todos los dominicanos, sin darse cuenta que los propios depredadores forestales, funcionarios y taladores, estarán incluidos en la larga lista de los perjudicados por la escasez de agua potable para consumo humano a través de los acueductos, y para producción de alimentos a través de los canales de riego.

El Presidente de la República está en el deber de frenar inmediatamente esta mala práctica de política ambiental comercial, tal y como lo hizo Balaguer en el 1966. Esperemos que lo haga de inmediato.