En nuestro complejo esquema tributario, al anticipo de la renta de personas físicas y jurídicas que hay que realizar cada mes, es uno de los tributos que más sobresale por su apatía y rechazo.
Este mecanismo, que se basa en la presunción de que el sujeto, el que paga impuestos, tendrá una margen de utilidad sobre ventas o servicios que no importa si los ha cobrado o no, es una de la mayores inequidades de la telaraña impositiva dominicana.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entidad recaudadora que se empeñan en una mayor eficiencia tributaria, define el anticipo como el pago a cuenta del impuesto sobre la renta, que tiene que realizarse de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada.

A esos efectos el sujeto tiene que rogar a Dios de que seguirá produciendo ventas o servicios rentables y que los pueda cobrar a tiempo, so pena de verse pagando anticipos de impuestos de beneficiosos que nunca verá.

Queda claro que no es un gravamen, sino un mecanismo de cobro sobre la base un supuesto que toma como referencia los resultados del año anterior.

Tal situación es una gran farsa, sobre todo para profesionales proveedores de servicios o las pymes, donde no hay la certidumbre de un inventario y sus niveles de ventas oscilan constantemente a favor y en contra.

Pero además, cuando hubiese todas las situaciones ideales de venta, beneficios y cobros, el pago de anticipos mensuales afecta el flujo de efectivo y las posibilidades de reinversión de capital. Inclusive hay quienes se ven obligados a endeudarse para poder cumplir esta obligación fiscal.

Es tiempo de que si queremos competitividad y desarrollo, se elimine este odioso y perjudicial mecanismo de cobro que tantas distorsiones introduce a los esquemas fiscales del país.