MADRID, España.- Los países de América Latina ven con «mucha preocupación el trato dado a inmigrantes en el mundo desarrollado, al que piden «evitar conductas y sanciones de leyes» discriminatorias, indicó la presidenta argentina Cristina Kircher en la cumbre eurolatinoamericana en Madrid. 

«Vemos con mucha preocupación en América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo los más desarrollados, acerca de la inmigración», dijo Kirchner en un discurso en la apertura de la cumbre birregional que se celebra en la capital española.

«Hay que evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración», agregó la presidenta argentina ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe. 

 En medio de la difícil situación que atraviesa Europa, Kirchner recordó que «en momentos de crisis económica y desesperación social» la sociedad tiende a «situar a determinadas comunidades como causantes de los problemas

En la misma sintonía, el presidente boliviano Evo Morales afirmó que los inmigrantes latinoamericanos en Europa «no pueden ser expulsados» y pidió a los gobiernos europeos y en particular a España resolver esta cuestión «mediante diálogo y acuerdos

«Tantos europeos llegaron a Bolivia, invadieron Latinoamérica. Nunca los expulsamos», señaló.  

Los flujos migratorios son uno de los grandes ejes de controversia entre América Latina y la UE, en particular tras la aprobación en 2008 de la «directiva retorno» europea, que prevé un periodo de retención de hasta 18 meses para los inmigrantes irregulares, la prohibición de ser readmitidos en Europa durante cinco años o la posibilidad de expulsar a menores.

El sábado pasado, los parlamentarios europeos y latinoamericanos abogaron en Sevilla (sur de España) por crear un Observatorio de Migraciones que garantice los flujos ordenados entre ambos continentes.   Pero el problema no afecta solo las relaciones UE-América Latina, ya que la cuestión volvió a los primeros planos recientemente por la ley promulgada en el Estado norteamericano de Arizona (suroeste), que criminaliza a los indocumentados y fue denunciada como «racista».