No hay duda de que los problemas que confronta o puede tener el deporte, en términos generales, no representan ningún dolor de cabeza y mucho menos les quitan el sueño a quienes tienen que vigilar la buena ejecución de sus programas de desarrollo hacia el atleta, administrar bien los recursos que reciben y preservar que sus instalaciones no se deterioren y no sean al poco tiempo propiedad de algunos vivos.

La Justicia, que en los últimos años ha sido bastante activa y diligente en conocer qué hablan los ciudadanos por sus teléfonos privados, aunque se haga con la autorización de un juez, en otros casos ha sido bastante displicente.

Hace más de seis años que la Justicia tiene en sus manos un expediente bastante pormenorizado sobre el latrocinio que se viene cometiendo en el complejo deportivo de La Barranquita de Santiago, sede de los XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1983.

Ese caso es conocido por todos los dominicanos, en especial los santiagueros, cuyos ciudadanos, sin excepción, no han dicho ni “esta boca es mía”, en procura de que se haga algo para salvar parte del patrimonio de ese importante complejo deportivo, que desde hace años está siendo saqueado por dirigentes políticos y algunos vivos, quienes ante la inacción de las autoridades, en especial las judiciales, siguen actuando como “Pedro por su casa”.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, debe anotar un canasto de tres, y activar ese expediente, que reitero desde hace años está durmiendo el sueño de Belén.

También es bueno señalar que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien muestra preocupación por temas como la “inundación” de haitianos en esa ciudad, debe tomar la batuta y reclamar la devolución de las tierras que, al parecer, como son del Estado, y como el Estado somos todos, unos vivos aseguran que “lo que es de todos no es de nadie”.

También hay que llamar la atención del Ministerio de Deportes, que debe ejercer presión al máximo para que este caso no quede en el aire, como muchos otros en que los intrusos no sufren las mínimas consecuencias penales.
La Barranquita fue producto de la inversión de todos, y debe preservarse a como dé lugar.

No hay excusas para que ese expediente quede en el olvido. Santiago y su gente son muy dueños y orgullosos de lo suyo, por lo que extraña que sigan de brazos cruzados.