La transparencia, más que un discurso, es una práctica que representa una efectiva vacuna contra la corrupción.

El país se ha armado de numerosas herramientas para combatir la corrupción y el actual gobierno ha asumido la transparencia como uno de sus pilares en esa faena.

La Ley de libre acceso a la información pública fue concebida como un instrumento para que la población pudiera tener informaciones sobre el accionar de sus gobernantes.

Pero no ha sido suficiente para transparentar la acción pública a tal nivel que dificulte la comisión de actos dolosos.

Recientemente el Gobierno anunció un paquete de reformas tendentes a llevar más transparencia en la administración pública y a prevenir la corrupción administrativa.
Para darle seguimiento, conformó lo que se denomina “Gabinete de Transparencia”, el cual ayer anunció una medida que además ayudará a la auditoría social en la ejecución del Presupuesto.

No olviden que el tráfico de influencias y el desvío de fondos públicos son dos de las figuras más comunes en la corrupción administrativa.

En el pasado la ejecución presupuestaria mensual estaba al alcance del público, que podía ver cada erogación.

Sirvió, incluso, a muchos grupos sociales para encarar a contratistas que recibían pagos y se atrasaban en obras de interés comunitario.

La gente tenía herramientas para reclamarle.
La vuelta a esa práctica, anunciada ayer por el Gabinete de Transparencia, es un paso de avance en materia de transparencia.
Las autoridades han tomado una decisión en la dirección correcta.